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Por Wendy Rayón Garay | CIMAC
Elisa Xolalpa y María Elena Ríos fueron víctimas de violencia ácida en 2001 y 2019 respectivamente. Aunque sus casos lograron visibilizar una de las formas más crueles del machismo, ambas historias siguen atravesadas por la impunidad por la omisión de autoridades e instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a las víctimas.
De acuerdo con el estudio “Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, este tipo de agresión provoca daños irreversibles, tanto físicos como psicológicos, en las sobrevivientes. Datos del Acid Survivors Trust International (ASTT) señalan que cada año se registran más de 2 mil 400 casos de violencia ácida u otras sustancias corrosivas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, mientras que los agresores suelen ser hombres cercanos a sus círculos sociales.
La violencia ácida contiene una carga simbólica: busca marcar y dejar una huella imborrable en la rostro y cuerpo de las sobrevivientes. Por esta razón, se considera una de las manifestaciones más extremas de la violencia machista. Según el estudio, este tipo de violencia es premeditada, ya que implica la planificación por parte de los agresores.
El movimiento feminista visibilizó la gravedad de estos ataques, aunque aún no existen registros o cifras oficiales que den cuenta de su dimensión real. Esto limita el conocimiento sobre la magnitud, frecuencia y consecuencias de estas agresiones. No obstante, hay defensoras quienes dan seguimiento a mujeres víctimas de este tipo de violencia y esto les permite tener algunas estadísticas que permiten reconocer la situación en el país.
Fundación Carmen Sánchez, reportan que en México, hasta 2024, se habían documentado 28 mujeres atacadas con ácido, de las cuales 22 sobrevivieron.
En el 85% de los casos registrados por la Fundación, el autor intelectual fue la pareja o expareja sentimental de la víctima y en el 30% de las agresiones participaron dos o más personas, siendo estos autores materiales. Las zonas en donde se lanzó el ácido fueron en su mayoría en el rostro, seguido de otras áreas cercanas como el cuello, tronco y extremidades, abarcando del 30% al 85% de la superficie corporal. Además, la Ciudad de México, Puebla y el estado de México concentraron el mayor número de casos, y las víctimas suelen tener entre 20 a 30 años.
Caso Elisa Xolalpa, una fiscalía que omite
Recientemente, el colectivo Todos somos Elisa denunció a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por ocultar información sobre audiencias y obstaculizar el acceso a la carpeta de investigación 007/1159/2025. El pasado 20 de agosto se llevó a cabo una audiencia sin notificar a Elisa Xolalpa, en la que se buscaba resolver la situación jurídica de Javier Ediberto N. sentenciado a 7 años de prisión por violencia familiar, 21 años después del ataque con ácido.
El colectivo acusó que la Fiscalía continúa violentando los derechos de Elisa Xolalpa al incumplir con la recomendación 08/2022 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y señaló que lejos de reparar el daño, persisten los agravios. También recordaron que la víctima ha tenido que someterse reiteradamente a peritajes psicológicos, antropológicos, médicos y sociales en los que revive los detalles de la tortura que padeció.
Elisa Xolalpa es una campesina de un pueblo originario de Xochimilco. Su caso se remonta a 2001 cuando a sus 18 años sufrió un feminicidio en caso de tentativa por su expareja, Javier Ediberto N. cuando le arrojó ácido en el cuerpo y la torturó en repetidas ocasiones, situación que causó lesiones graves en el 40 por ciento de su cuerpo. Según la propia Elisa Xolalpa la intención de su expareja era «tirar su cuerpo a los canales para que nadie la encontrara».
Posteriormente, pasó cinco meses en tratamientos quirúrgicos y desde que denunció los hechos ante diversas Fiscalías de la Ciudad de México durante 2005, 2008, 2011 y 2015 sin obtener resultados. Paralelamente, Javier Ediberto N. huyó de la comunidad, pero la víctima siguió recibiendo agresiones, intimidaciones, hostigamientos e incluso fabricación de delitos.
En 2019, su expareja volvió a amenazarla con terminar lo que había iniciado en 2001 y tres años después la Fiscalía de Violencia Familiar lo detuvo abriendo una carpeta de investigación solo por el delito de violencia familiar derivado de la amenaza, pero no se la violencia ácida.
En adherencia, la FGJCDMX perdió las averiguaciones previas por la tentativa de homicidio sin la cual la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio podría archivar su caso. Las acciones de la Fiscalía fueron reconocidas por la propia institución cuando le notificaron que acatarían la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero actualmente la colectiva denunció que persiste una serie de omisiones.
Para el colectivo Todas somos Elisa, la impunidad en 25 años del caso refuerza el mensaje: «En México se asesina a mujeres porque se puede y las Fiscalías harán todas las diligencias necesarias para que los actos queden impunes y se les otorgue el permiso de matar a los responsables. Cos estas acciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México demuestra que tiene un compromiso con los agresores y que de esta manera es cómplice de los feminicidios y la violencia feminicida contra las mujeres».
Próximamente se llevará a cabo una audiencia con un juez de control donde se resolverá si se formula la imputación contra Javier Ediberto N. por la tentativa de homicidio y lesiones permanentes contra Elisa Xolalpa. La colectiva apuntó que dicha audiencia decidirá si se abre una ventana para el acceso a la justicia o el agresor queda absuelto y en libertad, en cuyo caso podría atentar de nueva cuenta contra su vida.
Caso María Elena Ríos, 9 meses sin saber de su agresor
El próximo 2 de septiembre se cumplirán nueve meses desde que María Elena Ríos no sabe el paradero de Juan Antonio N., el presunto autor intelectual de la violencia ácida que vivió en septiembre de 2019. En entrevista, la defensora comentó que durante este tiempo no ha tenido acceso al expediente médico para verificar que el señalado presenta las enfermedades que reportó y que justifique su salida temporal de la prisión.
Cabe recordar que en diciembre de 2024, Juan Antonio N. fue trasladado del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet al Hospital Reforma debido a una cita médica. Según señaló María Elena, dicho movimiento no le fue notificado por ninguna autoridad, sino que se enteró por “terceras personas” y más tarde confirmó la información con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, entidad donde sucedió el ataque y se lleva el proceso penal de su agresor.
De esta manera, viajó hasta el Hospital Reforma, pero se percató que no se encontraba en el lugar, después le avisaron que fue trasladado al del Valle y más tarde al Santa Anita por 8 enfermedades, situación que fue respaldada por el juez Lorenzo Ramírez Cruz.
Como consecuencia de esto, María Elena asistió a todos los hospitales para verificar su paradero, ya que, en esos días, medios de comunicación locales emitieron notas periodísticas donde afirmaban su muerte, un recurso comúnmente utilizado para que una persona privada de la libertad se dé a la fuga.
Aunque ya son varios los intentos de María Elena de ingresar al Hospital Santa Anita, para corroborar el internamiento pero detalla que presuntamente familiares de Juan Antonio N. la agreden.
La defensora también apuntó que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca le «tiene miedo» a la familia, ya que mientras que el hospital no cuenta con elementos de seguridad para resguardar que el acusado no se de a la fuga, a ella le ha tocado enfrentar a más de 20 elementos de la policía estatal ante su presencia en el hospital.
Asimismo, María Elena reporta que aún continua sin tener acercamiento al expediente médico, ya que el juez le indicó que estaba en posesión del Hospital Santa Anita, pero que personal de la Fiscalía podían acompañarla a consultarlo, por lo que la defensora en el pasado mes de julio llevar a cabo esta acción pero al llegar el personal le advirtió que el documento se encontraba en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet. No ha podido tener lectura del mismo.
Cabe recordar que, la agresión que vivió la defensora tuvo lugar el 9 de septiembre de 2019 cuando fue atacada con ácido por Rubicel N. quien ingresó a su domicilio y le arrojó una cubeta con ácido sulfúrico afectando casi el 80% de su cuerpo. Desde entonces, ha luchado por justicia ante la violencia feminicida en grado de tentativa de la cual fue víctima y señaló como actor intelectual a Juan Antonio N, su expareja quien la había amenazado de muerte.
Tras su recuperación, comenzó un proceso penal contra todos los implicados: Ponciano N. y Rubiciel R., quienes son padre e hijo y actuaron como presuntos autores materiales, y contra el empresario Juan Antonio N y su hijo Juan N, que se mantiene prófugo. A casi seis años del suceso, María Elena aún no obtiene justicia.