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En solo dos días, el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizó una consulta en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca en la que se aprobó la construcción de la presa Margarita Maza antes llamada Paso Ancho, proyecto que forma parte del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La consulta se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre, en tres asambleas comunitarias, según la Conagua, aunque no especificó de qué comunidades, y contó con la participación de representantes de 40 comunidades de la región, quienes emitieron mil 655 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
El proceso difiere de los estándares internacionales que exigen que las consultas a pueblos indígenas, sean previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas. Fue coordinado por la Conagua, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Oaxaca.
Un mes antes, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar informó que ya se había iniciado proceso de licitación de esta obra con la entrega de los paquetes técnicos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Consulta en medio de conflictos entre comunidades
A principios de este mes, cinco días antes de la consulta, autoridades del municipio de San Vicente Coatlán, que mantiene un conflicto agrario con Sola de Vega, advirtieron que de continuar el proyecto de la construcción de la presa, sin solucionar el problema podría ocasionar violencia o enfrentamientos entre ambas poblaciones.
La comunidad explicó que parte de la presa será construida dentro de su territorio, el cual disputan desde el año 1970 con Villa Sola de Vega, por un error en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La aprobación de esta presa, también se da a pesar de que ha ha sido calificada desde 2024 como inviable técnica, social y jurídicamente, además de costosa, por al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca.
En realidad, la construcción de esta obra inició en 2012 con el nombre de presa Paso Ancho, pero fue cancelada en 2014 por la Profepa por no contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En esa fecha, además, se reportaron irregularidades en las empresas responsables de los dictámenes de impacto ambiental, que debían incluir un análisis jurídico. La obra se paró y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación, pero hasta la fecha no hay información al respecto, a pesar de un exhorto en el actual Congreso local para que se informe del resultado.
Falta transparencia, señala observatorio ciudadano en Oaxaca
Inicialmente, en marzo de este año, el director general de la Conagua Efraín Morales López anunció una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos para esta presa, sin embargo un documento de la plataforma del gobierno federal Compras MX indica una inversión de 7 mil 775, millones de pesos y contempla: Presa, Obra de toma, Acueducto, Planta potabilizadora y Líneas de interconexión y redes.
La obra contará con una altura de 72 metros y una longitud de 214 metros, capacidad para almacenar cerca de 20 millones de metros cúbicos de agua y un gasto de mil litros por segundo. Las autoridades estatales consideran que con eso se garantizaría el derecho humano al agua de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, durante los próximos 50 años.
Ambientalistas como Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), consideran que este proyecto representa un retroceso, ya que los paradigmas para enfrentar los temas ambientales han cambiado. Afirma que las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.
Para el observatorio ciudadano, una obra de esta envergadura constituye un asunto de evidente interés público por ello haciendo uso del derecho a la participación pública que se establece en el Artículo 1 del Acuerdo de Escazú, firmado por el Estado mexicano, pide la aplicación de principios de publicidad y transparencia, algo que, dicen, hasta la fecha no ha sucedido.
Además, señalan, sin un proceso de información ni consulta de fondo a los pueblos originarios por donde pasará el acueducto, la comunidad donde estará la planta potabilizadora y finalmente a la población de la zona metropolitana de Oaxaca, esta obra parece emular “el desastroso proyecto de Paso Ancho”.
Las organizaciones, personas, colectivos e instituciones de educación e investigación que integran el Observatorio demandan un diálogo abierto para abordar con transparencia los alcances del proyecto y sus componentes, así como la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional que es un documento clave, y que se pongan a consideración otras alternativas, no sólo para garantizar el abasto hídrico, sino para encontrar formas sustentables, y medidas de combate ante la crisis hídrica y adaptadas al calentamiento global, con soluciones basadas en la naturaleza.
