Renata Bessi y Rocío Heredía
Mónica tiene 32 años y es vendedora ambulante de servicios turísticos en el centro histórico de la Ciudad de Oaxaca. Desde hace 15 años se dedica al turismo. Al ser madre soltera, es la única opción que encontró para sostenerse ella y a su hija. Sortea el día a día con este trabajo en una agencia de viajes, vendiendo paquetes turísticos en las calles del centro histórico, aunque nada es seguro. “Son muchas agencias. La mayor parte nos paga una comisión por paquete que vendemos; pocas ofrecen un salario base”, explica.
Ella cuenta que, hasta hace un año, 2024, se aglomeraban muchos promotores turísticos en las calles del centro histórico de esta ciudad que, al igual que ella, buscaban ganarse la vida. La mayoría no se vinculaba necesariamente a una agencia. A inicios de 2025, con la administración entrante de Raymundo Chagoya, que llegó con aires de cambio para la ciudadanía, literalmente las cosas empezaron a cambiar. A los vendedores de paquetes turísticos “solo se nos permitió estar en la calle si tenemos vinculación con una agencia”, relata Mónica.
De acuerdo con las determinaciones de las autoridades, los dueños de las agencias deben reglamentar sus servicios, pero no se habla nada de las empleadas y empleados. A cada agencia se le permite solamente mantener cinco promotores en las calles, ninguno cuenta con seguro de salud ni ninguna prestación que marca la ley. Cada promotor también tiene que estar registrado en el ayuntamiento para recibir su gafete -permiso de venta- y poder hacer su trabajo. El gafete les cuesta mensualmente 500 pesos. “Y somos nosotras, las que trabajamos en la calle, que tenemos que pagarlo”, cuenta Mónica.
Si no cargan el gafete, los inspectores que trabajan para el ayuntamiento no les dejan trabajar. “Ahora tampoco podemos estar fijas en una calle o simplemente permanecer por mas de 15 minutos en un único punto. Tenemos que caminar. Si no estamos caminando, pagamos multa. Los inspectores están todo el día para dispersarnos. Es una forma de controlarnos”, comparte la madre soltera.
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María Elena* tiene 57 años y se dedica a vender antojitos como plátanos fritos, chicharrones y aguas de sabores en las calles del centro histórico desde hace 10 años, cuando enviudó. También es la única opción que le quedó para sobrevivir. “Tuve que ver la forma de salir adelante yo sola”, lamenta la vendedora ambulante.
Así como Mónica, María Elena tuvo que darse de alta en el municipio y pagar su impuesto mensual en el Ayuntamiento. Con eso, pudo sacar su gafete para poder ocupar un espacio en la vía pública de la región central. “Primero tuve que pagar 150 por la credencial y de ahí tuve que pagar un permiso de venta que tiene una duración de un año, que me costó 1,500. También hay una tarifa diaria de cinco pesos que pagamos para los inspectores y nos dan un boleto que tenemos que presentar a cada inspector que se acerca”, comparte al equipo de Avispa Mídia.
La vendedora tiene el permiso para quedarse en un lugar fijo, pero su puesto tiene que tener determinadas dimensiones, un formato, colores que estén de acuerdo con los patrones estéticos establecidos en el Reglamento del Plan Parcial de Conservación del centro histórico.
Antes, la vendedora trabajaba en el Zócalo. “La verdad es que me iba bien y no había esto de las credenciales o gafetes”. En el último año los inspectores la fueron orillando a la periferia del centro. “Antes había más libertad. Poco a poco nos han ido alejando de los puntos más céntricos. Y no es que estos inspectores nos traten bien, incluso puede notarse como cierta arrogancia hacia nosotras”, arremete María Elena.
Al igual que otras vendedoras, antes María Elena esperaba las fechas especiales para acercarse a diferentes puntos del centro para vender sus antojitos y, de esta manera, poder llevarse unos pesos más a la bolsa para cubrir sus necesidades.
Quieren “sacarnos, alejarnos porque –hemos hablado entre nosotras vendedoras– les molesta mucho cómo se ven nuestros puestos, para el gobierno nuestros puestos son feos, son feos para los turistas”, comparte la señora.
Si para ellos, “afeamos el centro”, pues para “nosotras desde hace muchos años es la única forma de subsistencia, solo puedo sobrevivir porque vengo a vender mis cosas que preparo”, agrega María Elena. Si en algún momento “me quieren sacar, definitivamente, sería un golpe muy fuerte, ya no podría dedicarme a otra cosa, sobre todo por mi edad”, expresa preocupada.
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“A mí me golpearon entre al menos cinco inspectores, me tiraron al piso y me patearon”, recuerda Miguel*, une artiste oaxaqueñe que expone sus obras en la calle del centro histórico. Estaba en el andador turístico, en el inicio de 2025, cuando dos inspectores se acercaron a elle exigiendo que saliera de allí. Se negó porque era un lugar de costumbre donde se paraba para vender sus obras. De la nada los funcionarios empiezan a forcejear. Miguel se defendió. Otros tres inspectores se acercaron y empezó la escena de violencia.
Después de la agresión, Miguel interpuso una demanda que no procedió debido a que –entre otras trabas– en la Fiscalía le informaron que no pudieron acceder a grabaciones de cámaras de seguridad, porque esa zona “no cuenta con ninguna”. Miguel se ríe, tal vez como último gesto de resignación ante tanto cinismo pues, a unos pasos de donde ocurrieron los hechos, se encuentra una cámara de videovigilancia perteneciente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5) de la capital.
Miguel y decenas de personas que comerciaban una amplia diversidad de productos sobre el andador, en febrero de 2025, fueron retirados con lujo de violencia por parte de los inspectores municipales.
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Las calles del centro histórico de Oaxaca abrigan una gran diversidad de personas que venden toda suerte de productos. La lista es amplia. Va desde la comida tradicional oaxaqueña, pero también hotdogs y hamburguesas, ropa tradicional, bordados, obras artísticas, dibujos, juguetes, esquites, nieves, aguas de sabores, dulces regionales, utensilios domésticos tradicionales hechos de madera y barro, mezcal, hasta productos importados de China.
Las personas vienen de las periferias de la ciudad de Oaxaca, pero también de los más de 20 municipios vecinos, incluso de otros estados, especialmente de Guerrero y Chiapas, y de comunidades indígenas de todo el estado oaxaqueño, a vender los alimentos que ellas mismas cosecharon o productos hechos por sus propias manos.
Si la diversidad de la venta en la calle refleja la riqueza de Oaxaca también señala la precariedad de las condiciones laborales en el estado, especialmente para las mujeres, que son las que ocupan menos puestos de trabajo formal.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género, del Congreso de esta entidad, en el estado de Oaxaca viven alrededor de 4 millones 110 mil personas, de las que 2 millones 194 son mujeres, representando el 53.40%. La población ocupada en 2023 era de 1 millón 893 mil personas, de las cuales 1 millón 534 estaban trabajando informalmente, siendo que 917 mil 193 eran hombres y 617 mil 299 eran mujeres. En el trabajo formal, 212 mil puestos eran ocupados por hombres y alrededor de 142 mil, por mujeres.
En este panorama económico crítico en el cual 81% de la población oaxaqueña vive de un trabajo informal, la política ha sido, gobierno tras gobierno, retirar o restringir, lo máximo que se pueda, a la gente en las calles del centro histórico.
La zona de mayor flujo turístico y concentración de cafés, restaurante, hoteles y de monumentos – que comprende los alrededores del Zócalo, la Alameda de León, el andador turístico y la calle de Bustamante – fue decretada “zona prohibida”, para el comercio informal, por el pleno del Cabildo en la gestión municipal de Francisco Martínez Neri (2022-2024). “Ahora, difícilmente alguien entra allí sin permiso”, atestigua María Elena.
Trabajar por una “ciudad limpia y ordenada”, como es el lema del Ayuntamiento, responde a lo que se considera una amenaza al estatus del centro histórico de Oaxaca como patrimonio mundial de la humanidad, título que le otorgó la Unesco en 1987. Desde el 2011 hay una recomendación de la afectación que representa el ambulantaje en las calles de Oaxaca, alertó el director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González.
Dos documentos, por lo menos, hacen la misma alerta. Uno es el informe periódico enviado a Unesco sobre las condiciones de conservación del patrimonio en Oaxaca, de 2023, que sostiene que “el uso de espacios en la vía pública ha provocado cambios en la morfología de los edificios”.
Además de un problema para la estética del patrimonio, la cuestión del comercio informal es tratada como un problema para el tránsito de automóviles. “El centro histórico carece de vías principales de tránsito rápido, carece de estacionamiento privado y de vías públicas, ya que estas últimas están invadidas por el comercio”, puntualiza el documento.
Otro informe es el reporte de 2023 de la organización internacional Heritage World Watch, institución que coopera con la Unesco. Sostiene que “las calles del centro histórico se han convertido en un territorio en disputa entre comerciantes establecidos y ambulantes, grupos que a menudo están al borde de la violencia”. Dicho informe fue presentado por la organización a representantes de la Unesco en una videoconferencia.
Un funcionario del ayuntamiento admitió, para Avispa Mídia, que tener el sello de ciudad patrimonio trae beneficios económicos, además del turismo. “Queremos mantener la ‘ciudad limpia’ porque Oaxaca es un destino turístico y, además, al ser patrimonio mundial, recibe un apoyo económico. Pero si la ciudad no se encuentra de acuerdo a las reglas puede perder esa categoría”, señaló el funcionario de quien, por posibles represalias, omitimos la identidad.
De acuerdo con el informe parcial a Unesco de 2023, el presupuesto para la gestión y protección del patrimonio, considerando también el sitio de Monte Albán, proviene mayoritariamente del gobierno federal, el 53%, seguido del gobierno municipal con el 20%, organizaciones internacionales, el 12%, y de fuentes estatales, 15%, aunque no cita los montos totales.
La gestión de estos recursos y la conservación del patrimonio es llevada a cabo principalmente por hombres. De acuerdo con el mismo informe, entre las personas que proceden de comunidades locales, 60% son hombres y el 40%, mujeres. En relación a las personas que son de otros lugares, 90% son hombres y 10%, mujeres.
Control
El entonces presidente municipal, Francisco Martínez Neri (2022-2024), en el informe anual municipal de 2022 sostenía que el reordenamiento del comercio en la vía pública, desde su primer día de gobierno, “ha sido tema de atención prioritaria, de manera a garantizar la protección de nuestro centro histórico reconocido por la ONU como Patrimonio Histórico de la Humanidad”.
En este entonces, 2022, primer año de su gobierno, el Ayuntamiento contabilizó a los comerciantes informales, por medio de una “mesa de atención”, encontrando por lo menos 2,219 personas que realizaban comercio en espacios y vía pública, de los cuales 594 tenían permiso ante la autoridad, y 1,625 no lo tenían.
A dos meses de haber iniciado el mandato de Neri, en febrero de 2022, se llevó a cabo en calles del centro histórico el retiro de 374 puestos que no contaban con permisos. Estos operativos de desalojo, conocidos como Operativos Alfa, ya eran realizados por lo menos desde 2019, cuando se intensificaron con la gestión municipal de Oswaldo García Jarquín. Si antes estos operativos eran utilizados con el objetivo únicamente de despejar espacios y vías públicas para realizar eventos especiales, con Jarquín empezaron a ser usados indiscriminadamente para “limpiar” las zonas principales del centro histórico.
Estos operativos se mantuvieron de manera permanente, de acuerdo con informes del gobierno de Neri, lo que permitió liberar, a finales de 2022, en un 40% los puestos que se encontraban en las calles del centro histórico, despejando de manera considerable calles como Aldama, Bustamante, 20 de Noviembre y Miguel Cabrera, además de recuperar espacios de estacionamiento, esquinas y banquetas del corazón del centro histórico.
También se llevó a cabo en este mismo año una convocatoria pública para otorgar concesiones en el Mercado Lula´a, que hace parte de la Central de Abastos, como forma de sacar a los comerciantes informales de las calles, bajo concesiones que cuestan alrededor de 68 mil pesos. Sin embargo, en julio de 2025, de los 218 puestos, solamente 10% estaban en funcionamiento.
En el último año de la gestión de Neri, 2024, se publicitaba que se había realizado 23,388 retiros de comerciantes en vía pública que no contaban con permisos y reincidían en comerciar en la zona prohibida del centro histórico y su periferia. Durante el mismo periodo se realizaron 33,186 inspecciones a vendedores para mantener libre las calles centrales como Independencia, 20 de Noviembre, Porfirio Díaz, Armenta y López, Cinco de Mayo, Las Casas, Colón.
Neri también instauró la Unidad de Cuerpos de Inspectores, conformada por servidores encargados de vigilar el centro y de despejar aquellas áreas establecidas como libres de ambulantaje. Trabajan todos los días de la semana dando recorridos por todas las calles del centro y operan junto a las fuerzas de seguridad municipales. En su creación, en 2022, se anunció que el Honorable Cuerpo de Inspectores del Ayuntamiento estuvo compuesto por 42 personas (17 mujeres y 25 hombres).
A pesar de los esfuerzos, un exfuncionario que trabajó en la gestión de Neri, en el sector de planeación urbano, admite para Avispa Mídia que no se logró el objetivo de “limpiar el centro”, los operativos “dispersaban a los ambulantes, pero regresaban o simplemente cambiaban de calle”.
Miguel, que ha trabajado en las calles del centro histórico desde la gestión de Jarquín, sostiene que “siempre encontraban alternativas y fugas para vender”.
Sin embargo, con Raymundo Chagoya (2025-2027) la situación ha cambiado. “Nunca habíamos visto algo como lo que está haciendo la gestión de Chagoya. En los pocos meses que lleva en la presidencia, ha generado cambios que sus antecesores no lograron”, dice Miguel.
Así como Miguel, María Elena y Mónica, otras comerciantes informales entrevistadas para este reportaje son categóricas en afirmar que se está estructurando un esquema de control del espacio que “no se ha visto” anteriormente, en palabras de Mónica. “Si quisieras o necesitaras dedicarte al comercio ambulante y salieras a las calles con tus productos, no durarías 24 horas”, advierte.
El Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027 de Chagoya mantiene la meta de control y “formalización” del comercio en vía pública.
“Defensores”
Una de las primeras acciones del gobierno actual fue renovar el personal de la Unidad de Cuerpos de Inspectores, ahora renombrados como “defensores vecinales”. De acuerdo con el Ayuntamiento de Oaxaca, en respuesta a solicitud de acceso a información, son 109 “defensores” en toda la ciudad, de los cuales 33 trabajan en el centro histórico. Según informaciones de un funcionario** de gobierno, en entrevista con Avispa Mídia, se ha conservado menos de un tercio de los inspectores que laboraban en la Unidad en la gestión anterior.
Los inspectores que operaban en la administración de Neri tenían un carácter “más pacífico” y “accedían a un verdadero diálogo”, menciona Alicia*, una artista visual que trabaja en las calles desde 2019. “Los inspectores que laboran con Chagoya se van directamente a la agresión física y verbal contra los comerciantes”, complementa.
Diversos comerciantes informales, con los cuales platicó Avispa Mídia, denuncian que los nuevos inspectores municipales provienen de sindicatos, cercanos a la administración municipal, y operan como “grupos de choque”. De ahí la violencia directa y la imposibilidad del diálogo, afirma Alicia. “A mí nunca me hicieron nada porque busco hacer lo que mandan”, dice María Elena.
En este contexto, es importante mencionar que la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca, instancia de gobierno a la cual pertenecen los “defensores”, no actualizó el padrón de inspectores, y sus nombres no aparecen en el registro de trabajadores del municipio o en sus informes de transparencia, algo indispensable para la seguridad de la ciudadanía en general, para evitar extorsiones y violaciones a derechos en general. Los inspectores de la administración pasada hacían parte del registro de trabajadores del municipio. Sus identidades eran públicas y estaban expuestas en el sitio oficial del Ayuntamiento, incluso con sus fotografías.
Por medio de una solicitud de acceso a información, al padrón de los “defensores”. Chécalo aquí.
Un funcionario** del Ayuntamiento sostuvo para Avispa Mídia que los “defensores no son violentos”, que su “labor específica es mantener el área del centro histórico despejada, vigilar que esté en orden y bajo control para la seguridad de los visitantes. También están a la orden de quienes tienen negocios establecidos en locales para mover a los comerciantes ambulantes que afectan sus entradas, sobre todo cuando estos últimos no tienen permiso”.
Gafetes
En junio de 2025, el Ayuntamiento de Oaxaca anunció que, desde meses anteriores, se estaba llevando a cabo un nuevo censo de los comerciantes en vía pública para que se pudiera controlar sus actividades en las calles, además de la incorporación de muchos de ellos al padrón del ayuntamiento a través del uso de gafetes.
Estas identificaciones funcionan sobre todo para aquellos comerciantes que no tienen un punto fijo de venta y que durante el transcurso del día se desplazan para ofrecer sus productos. El gafete lo portan en un lugar visible para su rápida identificación por parte de los inspectores municipales. Quien no lo carga puede ser acreedor a una sanción como el ser despojado de su mercancía o una multa económica, o ser víctima de acciones violentas.
“Los gafetes fueron creados más que nada para mantener un control y para que no haya más ambulantes. Antes, nada más estaban registrados en un padrón y era difícil identificarlos, hacían lo que querían. Ahora por cada gafete hay un registro y por cualquier problema, los defensores llaman por teléfono para preguntar ‘si fulanito está registrado’, o hablan directamente con su líder para decirle ‘oye tu trabajador me está causando problemas, porfa dile algo’”, explica un funcionario** de gobierno entrevistado por Avispa Mídia.
Los gafetes también sirven para sacar a muchos comerciantes. Uno de los requisitos era que tuvieran credencial para votar y comprobante de domicilio con dirección en el municipio de Oaxaca de Juárez, solo a estos se les dio permiso.
“Quienes lograron gafete hasta ahora son los únicos que lo pueden tener, los permisos se acabaron, ya no hay más permisos para nadie. En su momento cada quien fue a tramitar su gafete [como fue el caso de María Elena y Mónica], en otros casos los mismos líderes [de sindicatos] fueron a registrar a sus trabajadores”, explicó el funcionario.
Avispa Mídia, por medio de la Plataforma Nacional de Información, solicitó al Ayuntamiento de Oaxaca la cantidad de comerciantes informales registrados por el gobierno en los últimos años. En un documento firmado por la directora de comercio en vía pública, Rosario Marcolina Zaragoza Martínez, el gobierno municipal sostuvo que en la administración pasada (2022-2024), tenían permiso 296 comerciantes en estatus de “tolerado” [comerciante informal que no tiene un puesto fijo] y 160 con permiso para instalarse en el centro histórico. Sobre los datos de 2025, no hizo pública la información y dijo que “está en proceso la elaboración de un nuevo censo” y que no cuentan con datos anteriores a 2021.
Para Avispa Mídia, un funcionario** de gobierno sostuvo que hoy existen alrededor de 900 comerciantes ambulantes trabajando en el centro y que recibieron más de 3,000 de la gestión pasada. “Nos ha costado mucho trabajo sacarlos”.
“Negociación”
Otra forma en que la municipalidad ha buscado tener a las comerciantes ambulantes bajo control es a través de negociaciones individualizadas con grupos específicos de comerciantes.
Días después de la agresión que vivió Miguel y otros comerciantes que vendían sobre el andador turístico, funcionarios de la Dirección de Comercio en la Vía Pública invitaron a los vendedores a una mesa de negociación.
A unos pocos que asistieron, y aceptaron estar bajo las reglas del municipio, les dieron el permiso, un espacio de venta sobre la vía pública, pero bajo condiciones, entre ellas, respetar el horario entre 7pm y 11pm y, sobre todo, no emitir opiniones negativas contra la administración a la prensa. No recibieron un gafete, pero pasaron a hacer parte de un padrón donde se encuentran los nombres de los “comerciantes regulados” y a contribuir diariamente 20 pesos, cantidad recaudada por los denominados “defensores”.
Sindicatos y organizaciones
Mientras hay personas vendedoras, pertenecientes o no a algún sindicato, que fueron “regularizadas” por el Ayuntamiento y pueden estar en las vías públicas, bajo la vigilancia de los “defensores”, existe otra forma, más antigua, de mantenerse en las calles: estando bajo protección o cobijo de organizaciones o sindicatos. “Ser totalmente autónoma ya no es posible”, argumenta María Elena, quien tuvo que “regularizarse” desde hace tres meses.
Lo que pasa, cuenta un exfuncionario** entrevistado por Avispa Mídia, es que “un señor, una señora que necesita trabajar, necesita acercase a un líder de una organización o sindicato, el líder dice, ‘no hay problema, instálate y me vas a dar una cuota mensual o semanal, y yo me entiendo con la autoridad municipal’. Es más difícil que un inspector se meta con algún comerciante informal que esté cobijado por una organización, que ya tiene su territorio demarcado. Obviamente los líderes reciben un beneficio ya sea económico, un pago de piso, o político como, por ejemplo, que estas personas participen en actividades de la organización, como paros o bloqueos”.
De acuerdo con un estudio de la investigadora Noelia Ávila Delgado, estas organizaciones responden a diferentes filiaciones político ideológicas que van desde la vinculación abierta a partidos políticos con los cuales “establecen relaciones de distintos grados a través de mecanismos clientelistas o corporativistas, hasta las organizaciones de comerciantes identificadas con los distintos movimientos populares (…) como la UACOL [Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha], por ejemplo, creada a raíz del conflicto socio político en 2006”.
Ahora, la relación entre las organizaciones y el gobierno en turno no es simple. “Las distintas posibilidades de apropiación [del espacio] dependen de la correlación de fuerzas que establecen las organizaciones y los sindicatos a través de los acuerdos generados con los representantes del gobierno. De esta forma se instituye un sistema informal de regulación que restringe el acceso de manera diferenciada a determinados grupos, mientras que a otros se les tolera o facilita la apropiación bajo ciertas condiciones, todo ello dependiendo de los pactos o negociaciones que se establece”, sostiene la investigadora en su trabajo.
Cada vez que hay un cambio de gestión del municipio, las organizaciones y los sindicatos, sus “líderes”, vuelven a “gestionar los permisos” y hacen presión para mantener a los trabajadores en sus espacios de venta.
Para el exfuncionario entrevistado por Avispa Mídia, quien estima que existen alrededor de 25 organizaciones y sindicatos actuando en el centro, existe un problema importante, “es que hay funcionarios del gobierno del Estado y del gobierno municipal que han alentado este sistema desde hace años, porque hay una relación de mutuo beneficio. Fluye mucho dinero debajo de la mesa”. Incluso, estos esquemas han “sido alentados por los propios gobiernos; muchos de estos grupos son clientelas que le sirvieron al PRI (Partido Revolucionario Institucional), que le sirven a Morena”, detalla el extrabajador de gobierno, que por seguridad omite su identidad.
Otro punto es que, a pesar de que las organizaciones, los sindicatos, los vendedores tienen conocimiento y generalmente respetan la “división” de los espacios, “también ocurren conflictos entre ellos mismos”, explica Ávila Delgado.
Para la investigadora, el centro histórico es un espacio vivo y el comercio informal “tal vez sea el sector más dinámico”. Hay una pluralidad de agentes que “participa de procesos que son, en su mayor parte, conflictivos y antagónicos; el centro es un espacio en continua disputa, por eso no se puede tratarlo como si fuera solamente un conjunto de monumentos a ser conservado”.
Tomar las calles por asalto
Entre el calor de un viernes que está por recibir la tarde, la comerciante popular Miriam González Martínez se encuentra sentada en una silla estilo ‘playera’ sobre una banqueta a la orilla del Jardín Labastida. Desde ahí se ve una larga fila de puestos fijos, instalados a un costado de la Plaza San Jerónimo, un espacio reservado a cafés y tiendas de ropa exclusiva, como es la marca Moravy. Fundada por Ivette Morán -la esposa del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat- ha sido señalada por la diputada Yesenia Nolasco y artesanos locales por, presuntamente, plagiar diseños textiles de artesanos oaxaqueños.
La fila de puestecitos se impone por la osadía de plantarse firmemente en una zona declarada libre de ambulantaje y donde el paisaje se percibe “blanqueado”. Desde esa banqueta la joven comerciante se dispuso a brindar una entrevista.
Proviene de una familia que lleva 32 años comercializando ropa artesanal, siendo el Mercado de Abastos el lugar donde pasaron la mitad de ese tiempo. “Es ahí donde yo crezco y es ahí donde yo aprendo el oficio de vendedora”, cuenta para Avispa Mídia. Sus padres, mientras vendían de forma más fija en la Central, en determinadas épocas, como el mes de septiembre, donde las ventas generalmente son bajas, salían a vender por las calles del centro histórico, cargando sus mercancías en busca de clientes.
Miriam, junto a su familia, comenzó a vender ropa artesanal en el centro histórico de forma más frecuente a partir del año 2006. “Vendíamos en cada jornada de lucha de los maestros”, comparte ella, recordando que empezó a vender su propia mercancía en los plantones magisteriales, sobre todo cuando duraban cinco o hasta seis meses. “Siempre fuimos afines de la lucha magisterial. En cada entrada que había por parte del magisterio en el Zócalo de la ciudad, aprovechamos para vender nuestros productos en el centro”, agrega la artesana.
El movimiento magisterial les abría camino. En sus plantones, cuando tomaban el Zócalo oaxaqueño y sus calles circundantes -y cuando todavía lo toma- el centro de la ciudad recobra su esencia: el ser un espacio donde lo político, comercial y recreativo se mezclan y generan un ambiente de vivacidad popular.
Miriam es integrante de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), que surgió a partir del contexto de la revuelta de 2006 en Oaxaca. Es una de las varias organizaciones que se mantienen en alianza con los maestros, específicamente el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca (MDTEO), que pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-Sección 22). Ella coordina, en la Unión, los trabajos de los comerciantes populares.
Creció entre las ventas de su familia y esa experiencia de vida le ha dado como resultado el ser propietaria de un puesto de ropa en el centro histórico de la ciudad, en el Jardín Labastida, junto con sus demás compañeras de UACOL. “Dentro de la Unión somos alrededor de 80% mujeres, de todas las edades, desde jóvenes hasta ancianas. Una parte considerable de nosotras es madre soltera, que no tiene otra opción para sobrevivir. Creo que muchas por la necesidad y otras por convicción seguimos en ese camino”, explica Miriam.
Ante la pregunta de cómo han logrado un espacio céntrico, como es el Jardín Labastida, Miriam se aviva y contesta con energía, “ha costado mucha lucha en las calles; nos ha costado demasiado, a nosotros no nos han regalado absolutamente nada (…)”. No “pagamos nada para estar aquí, tampoco cargamos gafetes”, arremete.
El “arrebatar” permisos, espacios y derechos no ha sido una pelea con saldos blancos, “nos ha costado la libertad de compañeros. Nos sigue costando la libertad del compañero William García. Él sigue preso desde hace siete años y es una de las exigencias que tenemos como organización. Tenemos el caso del compañero que es secretario general de la organización Adán Mejía, que también fue preso político”, destaca la vendedora.
Antes de que la UACOL obtuviera espacios para venta cerca del andador turístico, pasó por varios momentos de persecución y resistencia. Entre 2018 y 2022, los puestos de la Unión -junto a los de otras organizaciones- estuvieron instalados frente al Palacio de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad, a partir de la demanda por la libertad de uno de sus integrantes.
Con la llegada de Salomón Jara al gobierno del Estado, en los primeros meses de su gestión, inicio de 2023, “limpió” el Zócalo de la ciudad. Sacó, por las buenas o por las malas, a las organizaciones que mantenían sus plantones desde hacía años. Antes del desalojo violento de los que no aceptaron salir del Zócalo, UACOL accedió a una mesa de negociación con el gobierno estatal y municipal y fueron reubicados al Jardín Labastida, hace tres años.
“En términos de venta, es completamente distinto. Aquí puedes ganar 200, 300, 400 pesos libres al día. En el Zócalo puedes ganar 600, 700, 800 pesos en un día bueno. Por eso el Zócalo es tan peleado”, dice Miriam.
Antes de la salida del Zócalo, la organización experimentó el intento de desplazamiento con el Operativo Alfa, una iniciativa emprendida por el ex presidente municipal Oswaldo Jarquín y ejecutada por elementos de la policía municipal. Aunque retiraron los puestos, integrantes de UACOL no cedieron el espacio y permanecieron en el Zócalo, en protesta, durante al menos dos meses. “Mantuvimos nuestro campamento de denuncia por nuestro preso político, pero sin vender, como dos meses. Estábamos en alerta. Ya de ahí poco a poco volvimos a vender”, comparte Miriam.
Sobre el intento del ayuntamiento de “reglamentar” el comercio informal por medio del padrón de los trabajadores y del uso del gafete, Miriam se enoja al ser cuestionada y, reacciona diciendo, “están buscando controlar a los vendedores, pero es algo que no pueden mantener el control realmente, ¿cómo mantienen bajo control a personas que buscan sobrevivir? Quieren ‘limpiar’ la ciudad, a costa de las carencias, del empobrecimiento, de la falta de trabajo de la gente. Quieren controlar para sus propios beneficios, económico y político. Pues no les vamos a permitir, no les vamos a permitir que nos desplacen”, asegura la artesana.
“Se está luchando contra un narcoestado”
A continuación, compartimos trechos de una entrevista realizada con Adán Mejía López, parte de la dirección política colectiva de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueño en Lucha, quien comparte su visión sobre la situación del comercio informal en el centro histórico
*Por cuestión de seguridad, se utilizó pseudónimos para todas las personas vendedoras populares entrevistadas por Avispa Mídia
**Los nombres de funcionarios y ex funcionarios entrevistados por Avispa Mídia fueron omitidos por riesgo de violencia y represalias.
