Por Citlalli López Velásquez
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala en su último reporte que la escuela es el tercer entorno en el que ocurrieron más incidentes de violencia sexual contra mujeres de 1 a 17 años en el país en 2024, la casa y la vía pública son hasta ahora los principales espacios de agresión.
De acuerdo con especialistas en atención a niñas y mujeres adultas, la violencia sexual no solamente violenta los derechos a una vida libre de violencia, a la salud física y mental y a un sano desarrollo integral, también genera una serie de secuelas graves como malestar emocional, trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, depresión, entre otros.
Por eso, el caso de las tres niñas de ocho y nueve años de edad, víctimas de abuso sexual infantil, encendió la alerta entre habitantes y madres de familia en el municipio de María Lombardo, San Juan Cotzocón Mixe, quienes marcharon este jueves en la comunidad para exigir justicia y la aprehensión del presunto violentador.
La marcha hizo visible nuevamente la demanda de justicia para las tres niñas, quienes según denuncia de las madres, fueron víctimas del profesor Félix G.M, integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien está en calidad no localizable.
Sobre este caso, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se pronunció e informó en un comunicado, que la Dirección de Servicios Jurídicos y del Órgano Interno de Control, lleva a cabo una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades y en caso de encontrar responsabilidades, aseguró el titular de la institución, dará vista a la autoridad competente en materia penal para que actúe conforme a sus atribuciones.
“ Cualquier conducta que atente contra la integridad, dignidad y desarrollo de la niñez será atendida con absoluta seriedad y firmeza. En caso de acreditarse responsabilidades, se actuará conforme a la ley”, dijo en su comunicado.
El Artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deben garantizar instalaciones seguras, accesibles y la convivencia armónica, además de implementar protocolos de seguridad y detección de violencia.
