La Ley Malena alcanza 23 entidades del país, pero la impunidad persiste en mi caso: María Elena Ríos
María Elena Ríos tenía 26 años de edad cuando fue atacada con ácido. Han pasado siete años desde aquel ataque en su contra. Lo recuerda perfectamente, porque en este tiempo no ha dejado de luchar porque se haga justicia.
“Se cumplieron siete años de una nueva vida en la que me he tenido que reinventar desde el dolor y el miedo para luchar y garantizar que lo que me pasó a mí, no le vuelva a ocurrir a ninguna otra mujer en México”, dice la joven saxofonista, ahora con 33 años de edad.
En estos siete años, Malena, como ahora le llaman miles de mujeres en el país, ha tenido que enfrentarse a 10 cirugías reconstructivas y decenas de tratamientos médicos continuos.
También ha sido testigo de los cambios en el sistema de justicia y de gobierno, su caso ha pasado por 11 jueces, dos gobernadores, tres fiscales generales y dos presidentes de la República. Ninguno ha garantizado una sentencia condenatoria para los cinco autores intelectuales y materiales del ataque.
Su proceso penal permanece paralizado a la espera de que la Corte determine si atraerá los amparos con los que el presunto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, busca la absolución.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la decisión de atraer o no los tres amparos donde Vera Carrizal solicita su absolución”, reitera la joven de origen mixteco.
En el recuento de estos años, María Elena Ríos comenta que apenas un día antes de que se cumplieran los siete años de su ataque, el 8 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua aprobó por unanimidad la Ley Malena, reformando el Código Penal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ( LGAMVLV) estatal para sancionar de manera específica las agresiones provocadas con ácidos, sustancias químicas y corrosivas.
La Ley Malena tipifica la violencia ácida como feminicidio en grado de tentativa, reconociendo una modalidad de violencia que anteriormente permanecía invisibilizada y no constituía un delito en México.
Con esta aprobación, la reforma alcanza 23 entidades del país, lo que representa un avance nacional del 72%. Sin embargo, pese a los logros para que esta violencia se tipifique como un delito, en su caso persiste la impunidad.
Desde diciembre de 2024, Juan Antonio Vera Carrizal ha evitado el juicio argumentando que por su estado de salud debe permanecer en el Hospital Santa Anita de la capital oaxaqueña.
María Elena asegura que solo ha impedido dolosamente que peritos de la Fiscalía General del Estado realicen una valoración médica imparcial que acredite su condición real. “Con el aval implícito del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, justifica su permanencia en ese hospital”.
A la par, su hijo Juan Antonio Vera Hernández, el otro presunto autor intelectual del ataque, continúa prófugo de la justicia. Hasta la fecha, la Fiscalía de Oaxaca mantiene una recompensa de un millón de pesos sin dar resultados sobre su captura.
Por eso, hace un llamado a todas las personas que pudieran dar datos que lleven a su detención. “No duden en hacerlo porque no podemos vivir en un país donde se violente a las mujeres”
También hace un llamado al Máximo Tribunal a actuar con perspectiva de género y no permitir que la impunidad siga, porque dice, el suyo no es un caso aislado.
En México, entre enero y octubre de 2025, se identificaron 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Con base en esos registros, sostiene que más de la mitad de las personas agresoras fueron cónyuges o parejas (115), y exparejas (108).
A nivel mundial, se estima que ocurren cada año al menos 10 mil ataques con ácido, según Acid Survivors Trust International, pero podrían ser más, pues muchos países no llevan un registro oficial y en otros no se denuncia por temor a represalias.
