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A diferencia de lo ocurrido el pasado sábado con los pueblos nahuas y afrodescendientes de la costa michoacana, este domingo en Oaxaca no hubo freno a la realización de las cuatro asambleas regionales para someter a consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, pero sí hubo serios cuestionamientos a su metodología.
El cierre de la jornada ocurrió en Tlalixtac de Cabrera. Allí, se dieron cita lo mismo autoridades como pobladores de Santa Catarina Minas, San Pedro Ixtlahuaca, San Pablo Güila, San Dionisio Ocotepec, San Baltazar Chichicápam, la Villa de Díaz Ordaz, San Pedro Mártir, entre otros, quienes —como ha sido la constante hasta ahora en la mayoría de las consultas realizadas en el país— arribaron sin el mínimo conocimiento de la ley objeto de consulta.
Algunas personas se enteraron porque pertenecen a colectivos u organizaciones defensoras de causas relacionadas con el agua, por ejemplo; sin embargo, hubo comunidades vecinas a la sede de la consulta que brillaron por su ausencia.
En Tlalixtac de Cabrera, se cumplió el protocolo. Después del acto inaugural y la instalación formal de la asamblea, se presentó el contenido de la propuesta de iniciativa de ley. A continuación, se expusieron los objetivos y la metodología a implementar.
Las primeras críticas apuntaron a que distribuir el contenido de la propuesta de ley en mesas de trabajo, impedía informarse, analizar y discutir acerca de dos o más temas que para algunas personas resultaban relevantes.
Se anunció entonces un breve receso para dar lugar a la instalación de las ocho mesas de trabajo para abordar el proyecto por ejes temáticos, tiempo que muchos aprovecharon para abandonar la asamblea. Al final, de las 738 personas registradas, permanecieron alrededor de 400 ya que las mesas de trabajo no rebasaban las 40 personas a quienes, incluso en ese momento, les fue entregado el documento a analizar.
En la mesa 2.4, por ejemplo, se abordó el eje temático: Patrimonio Cultural y propiedad intelectual colectiva; lenguas indígenas; educación comunitaria, indígena e intercultural y salud, medicina y partería tradicional; es decir, había que “analizar, discutir y aprobar” un total de 45 artículos en escasas tres horas, y no había qué atrasarse, según la moderadora en turno. Los casos particulares debían dejarse para el final.
¿No es entonces el objetivo de la consulta “dialogar” —como arengan sus promoventes—, informar, escuchar, responder y luego consultar sobre su contenido?
Que la ley es perfectible, sí, pero uno de los participantes expuso que si bien en el papel la propuesta de iniciativa de ley puede estar “muy bonita”, y los pueblos “sabemos lo que tenemos qué hacer”, el estado debe cumplir operativamente con lo que le toca sí o sí porque hasta ahora ha sido lo contrario.
Otra voz, recriminó que la ley “no sirve de nada porque lo traen desde una oficina y no saben los problemas que tenemos en las comunidades de raíz”.
Y fue más allá al cuestionar: ¿Con qué intención hacen esta ley. Usted cree que va a mejorar las condiciones de convivencia de los pueblos?
—Sí, respondió la representante del INPI
—Yo no, le respondió el participante
Terminada la lectura de los 45 artículos y el análisis “al vapor” de su contenido la mesa 2.4 concluyó con la aprobación de la ley en su mayoría (no más de 20 personas) y la redacción del acuerdo con un par de precisiones en los artículos 151 y 157 para evitar la confusión en los conceptos de Catálogo Nacional a que se refieren uno y otro, respectivamente.
Con el ejercicio realizado ayer en Tlalixtac de Cabrera, el INPI ha concluido un total de 63 de las 82 asambleas programadas previa presentación de la iniciativa de ley el próximo 12 de octubre por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión para su análisis, discusión y posible aprobación.
