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Activistas piden al INE enfoque de género en el caso de la expresidenta del órgano electoral de Oaxaca

*Activistas denuncian  públicamente que existe una persecución administrativa contra Elizabeth Sánchez González

Activistas por los derechos de las mujeres e integrantes de distintos colectivos exhortaron  al  INE y al Tribunal Electoral de la Federación a resolver con enfoque de género el tema de la destitución de la Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), quien fue removida del cargo el 17 de abril pasado.

En una carta dirigida a la opinión pública denunciaron que existe “persecución administrativa” en contra de Elizabeth Sánchez González, por parte del contralor interno de ese órgano electoral, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez.

De acuerdo con su versión, al no ser beneficiado con un bono por las elecciones de Sistemas Normativos Indígenas, el contralor provisional inició desde 2023  una serie de acciones como auditorías y procesos administrativos para intentar remover de su cargo a Elizabeth Sánchez González.

Estas acciones dice el Colectivo para la Ciudadanía de las Mujeres representan asedio y tiene  un “sesgo machista, misógino y violento contras las mujeres” ya que durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar.

Recordaron que en septiembre de 2023 el mismo contralor intentó por primera vez intentar remover de su cargo a Elizabeth Sánchez González, dictándole una suspensión de manera temporal, pero indefinida, por un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la presidenta del IEEPCO acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual determinó su reinstalación inmediata, debido a que  esa Contraloría no contaba con competencia para determinar la suspensión decretada.

Ante “la derrota”, abunda el colectivo,  Cruz Rodríguez acudió en nombre del IEEPCO a la Suprema Corte de Justicia de la Nación —después remitió el expediente al INE para iniciar un procedimiento de remoción en contra de Elizabeth Sánchez— y  al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca”.

Y fue esta última instancia la que resolvió inhabilitarla por un año el pasado 10 de abril de 2024. 

De acuerdo con el Colectivo para la Ciudadanía de las Mujeres, esta sanción se debió ejecutar hasta que se agotaran todos los medios de impugnación y no como se efectuó, es decir de manera inmediata después de la notificación.

“Esto va en contra de la legalidad”, indicaron las integrantes.

El contralor interno también presentó el 16 de abril  una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca por la misma causa, desvío de recursos en el IEEPCO, a pesar de que no había causado ejecutoria la resolución del tribunal administrativo,  incluso  se trató de notificar a Elizabeth Sánchez, en su domicilio a la media noche, “como un claro acto de intimidación”.

Todas estas acciones, representan para  las  activistas por los derechos de las mujeres, integrantes del Colectivo para la Ciudadanía de las Mujeres y comunidades y pueblos indígenas, actos de violencia política, ya que se intenta menoscabar, desacreditar la labor de la primera mujer en ocupar este cargo.

Por todo ello, pidieron a las autoridades de procuración y administración de justicia garantizar el derecho a la audiencia y el debido proceso para la exconsejera, en un marco de autonomía e independencia judicial.

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