El asesinato de aspirantes a puestos de elección popular comienza a asumir cifras perturbadoras en la presente campaña electoral, la mayor en la historia contemporánea de México. Alberto Antonio García, candidato a la presidencia municipal de San José Independencia, en la región de la Cuenca, fue hallado sin vida luego de que el 17 de abril se denunció su desaparición.

En la isla de Viejo Soyaltepec o Cerro Arena, ubicada dentro de la presa “Miguel Alemán”, en el municipio de San Miguel Soyaltepec, fue hallada con vida su esposa, Agar Cancino Gómez, actual presidenta municipal de San José Independencia, quien acompañaba a Alberto Antonio el día de su desaparición.

Los agentes policiales que hallaron a ambos indicaron que la edil presentaba huellas de tortura. En cuanto a la causa de fallecimiento de su pareja, la Fiscalía General del Estado informó que fue “a consecuencia de trauma cerrado de abdomen por contusiones directas”. Es decir, que el aspirante a alcalde recibió golpes en el estómago hasta perder la vida.

El 17 de abril último, la pareja se trasladaba de Loma Bonita a Tuxtepec cuando se perdió comunicación con ambos. Al ser puesta sobre aviso de esta desaparición, la Fiscalía estatal emprendió un operativo de localización que acaso fue una acción antisecuestro, pues se difundió de manera extraoficial que plagiarios exigieron quince millones de pesos para liberar al matrimonio.

Con el operativo de la Fiscalía, en cuestión de 48 horas fue localizada la presidenta municipal, lesionada pero viva, así como el cuerpo sin vida del candidato del partido Morena a la alcaldía de San José Independencia.

Poco antes de su desaparición forzada, la edil Cancino Gómez publicó en sus redes sociales que se había reunido con Karina Barón, titular del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad. Su mensaje declaraba: “Coordinando esfuerzos para preservar la paz y seguridad de las familias de #SanJoséIndependencia. Juntas trabajando y compartiendo el amor por nuestra región y nuestro municipio”.

El homicidio de Alberto Antonio se añade a la historia trágica de la familia, pues el hijo de la edil, Hendrik Salas Cancino, fue asesinado en agosto de 2021 junto con Emanuel González Andrade, militante del Partido Acción Nacional. En enero de ese año, la madre del difunto joven había denunciado mediante un video en redes sociales que su gobierno recibió amenazas de un grupo delictivo.

El asesinato del candidato Alberto Antonio llama la atención por el historial de calamidades que le han sobrevenido a la familia, al parecer a causa de su actividad política.

Es de notar que la sobreviviente Agar Cancino es presidenta municipal de su comunidad desde 2018, pues se reeligió en 2021. Al repetir en el cargo, Cancino Gómez designó a su esposo Alberto como tesorero municipal, y éste se preparaba para suplir en el puesto a su cónyuge el próximo año. Es decir, y como es frecuente en la zona, la familia Antonio Cancino buscó apropiarse del ayuntamiento sucediéndose marido y mujer en la presidencia municipal.

Si bien ese proceder parece poco ético al evidenciar nepotismo, el infortunado destino que han tenido dos hombres de la familia habla de grupos violentos que están dispuestos a todo con tal de frenar los manejos políticos de la familia Antonio Cancino. El secuestro de la presidenta municipal seguido del asesinato de su esposo habla de un acto de terrorismo electoral que en nada abona a la democratización de las comunidades de la Cuenca.

Es de recordar que en esa misma zona, y en la población de Loma Bonita, se dio recientemente el caso de un diputado repetidor del PRI que, poco antes de retomar el puesto legislativo, asaltó una instalación policial en el vecino estado de Veracruz, y por su agresión armada acabó en la cárcel, donde lo alcanzaron dos cargos de asesinato que emitió la Fiscalía oaxaqueña.

Pese a esas órdenes de aprehensión, un obsequioso tribunal se aseguró de “garantizar los derechos políticos” del frustrado legislador y dejó vacante la diputación que sigue reclamando y esperando ocupar el político a quien apodan “El Gato”, acusado de vínculos con el crimen organizado.

Así que a la violencia homicida que se desborda con el asesinato del aspirante morenista Alberto Antonio, se suma en la región de la Cuenca la violencia institucional que comete el Poder Judicial, al privilegiar a un individuo acusado de delitos graves a fin de reservarle un cargo de representación popular en el estado de Oaxaca.

El terrorismo electoral suele proceder de fuera del sistema político, pero en casos como estos parece que el terror está íntimamente imbricado con los funestos esquemas de algunos políticos para perpetuarse en el poder.