RENATA BESSI
Que se nos proteja como a los monumentos se leía entre las centenas de pancartas sostenidas por morras en la manifestación del 8 de marzo de 2025 en Oaxaca de Juárez. Mujeres de distintas edades llenaron el centro histórico de la capital, transformando las calles vigiladas y las paredes patrimonializadas en espacios de alegre rebeldía, una forma de expresar paradójicamente sus dolores por las asesinadas, por las desaparecidas. Mientras tanto, topaban con vallas metálicas negras, colocadas por el gobierno local, desde la noche anterior, para proteger los principales monumentos y edificios históricos.
El flujo colorido y musical sustituyó por algunas horas lo monótono del turismo masivo. Visitantes nacionales y extranjeros desaparecieron, especialmente del eje Santo Domingo y Zócalo, la zona de mayor concentración de monumentos, restaurantes, bares y, consecuentemente, de mayor actividad turística.
La intervención estatal no tardó en llegar. Actuaron violentamente. En el Zócalo capitalino, desde el techo del Palacio de Gobierno, policías lanzaron bombas de gas lacrimógeno para restablecer el orden de las cosas, es decir, su orden de las cosas, de lo que consideran una “ciudad limpia, ordenada y segura”, como expresa la máxima repetida por funcionarios del gobierno municipal, una y otra vez, en eventos públicos.
A las que insistimos en quedarnos, nos tocó presenciar camionetas de la Guarda Nacional, policía Estatal, del Ejército y la Marina, que circundaban el Zócalo utilizando sirenas en alto volumen, causando pánico por un posible ataque. Ya no quedaba de otra: regresar a nuestras casas, a la periferia de la ciudad o para uno de los 26 municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca.
Recuperada la paz de los dueños del eslogan “ciudad limpia, ordenada y segura”, la “normalidad” volvió a ser restablecida. Poco a poco, los turistas empezaron a retomar las calles, saliendo de cafés, restaurantes y bares que momentáneamente cerraron sus puertas. Algunos miraban con curiosidad las pintas, los carteles y las coloridas ofrendas dejadas a lo largo de las calles, incluso hasta tomaban fotos, convirtiéndolas en un elemento más de consumo.
En el mismo día, la limpieza de las paredes inició para que, en poco tiempo, no sobrara ningún rastro de lo acontecido. FOTO: RENATA BESSI
A las posibles críticas por “ensuciar” los monumentos históricos, una de las pintas adelantaba una respuesta: Es tu pared, pero era mi niña.
El conflicto
Las paredes y monumentos mencionados en la pinta y en la pancarta se refieren a los 1,200 monumentos de arquitectura civil y religiosa, distribuidos en 247 manzanas del centro histórico de Oaxaca, una de las 11 ciudades mexicanas inscritas en la lista mundial de patrimonio de la humanidad, declarada como tal por la Unesco desde 1987. México, junto con Alemania, es el cuarto país con mayor número de ciudades después de Italia, España y Francia.
El arquitecto y doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo Trujillo García, señala que el papel de las declaratorias de la Unesco y de las zonas de monumentos históricos es proteger legalmente estas áreas para conservar su traza, la dimensión de sus calles, la altura de las construcciones, sus colores y priorizar los tipos de materiales utilizados originalmente. También, explica, garantizan que los monumentos sean restaurados y conservados para que la modernidad no los destruya.
La destrucción es una realidad y ha ocurrido en distintas ciudades mexicanas, comenta el arquitecto, como en Guadalajara y Monterrey, donde se demolieron manzanas completas entre las décadas de 1950 y 1960. “Obviamente para construir espacios más abiertos y que no pareciera a una ciudad pequeña, sino a una ciudad capital”, comenta Trujillo García, que también es arquitecto perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y trabajador, desde 1991, en proyectos para las declaratorias de zonas de monumentos históricos.
Sin embargo, en Oaxaca, investigadores consultados para este reportaje coinciden en que el proceso de patrimonialización del centro histórico, coronado con la declaratoria de la Unesco, representa un parteaguas en el uso de este espacio. Al mismo tiempo que prioriza la conservación de los monumentos, ha traído consecuencias como la imposibilidad de habitarlo, intensificando los procesos de despojo, conocidos también como gentrificación o turistificación, motivo de protestas y manifestaciones sociales, especialmente visibles en los últimos dos años.
Procesos éstos de despojo que afectan diferencialmente a hombres y mujeres. Quitar el derecho a una vivienda central, por ejemplo, impacta de forma directa a las mujeres que, casi siempre, se dedican al cuidado de la reproducción de la vida. “La ciudad se construye para el hombre que produce capital, para una masculinidad hegemónica, que se mueve en su carro. En las colonias, en los fraccionamientos cerrados, con poca infraestructura y transporte, se busca encerrar todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, de los cuidados. Una ciudad dividida”, sostiene Lirba Cano, de la organización Cuerpos Parlantes, que desde hace 12 años ha sido un espacio donde confluyen resistencias urbanas en la ciudad de Guadalajara, un lugar donde se busca estudiar cómo operan las violencias para poder accionar frente a ellas.
En lo que sigue, investigadores y activistas nos ayudan a entender, en un escenario de conflicto, dónde estamos parados en Oaxaca y los procesos que nos trajeron hasta aquí.
¿Qué implica la patrimonialización?
Para empezar a rastrear los orígenes del proceso de despojo urbano intensificado en los últimos años en el centro histórico de Oaxaca, el geógrafo, antropólogo social e investigador del tema, José Omar Peral Garibay, sostiene que es necesario tender un puente histórico con el proceso de transformación del centro como un espacio patrimonial, en el cual el Estado y la Unesco le atribuyen un valor arquitectónico, histórico y cultural, destinado a la conservación, proceso iniciado a mediados del siglo pasado y cuyo auge vivimos en nuestros días.
El primer paso en el proceso de patrimonialización fue la preparación del territorio – con restauraciones de monumentos y cambios en la infraestructura – que culminó en 1976 con el Estado mexicano decretando la zona de monumentos históricos, un polígono que determinó lo que actualmente se identifica como el “centro histórico”. “Centro histórico es un nombre coloquial, vamos decir así, que da cuenta de la categoría de zona de monumentos históricos que, ésta sí, es una categoría reconocida por la legislación mexicana en materia de protección del patrimonio cultural”, explica el geógrafo, quien también es autor de la publicación Espacio, Territorio y Cultura: la patrimonialización del centro histórico de Oaxaca.
¿Qué implica esta delimitación y reconocimiento por parte del gobierno federal? Por un lado, se reconoce un espacio específico de protección patrimonial por parte del Estado. “Esto quiere decir que el Estado tiene atribuciones específicas para poder intervenir, para poder controlar y, en cierta forma, se volvió el propietario de esta zona de monumentos históricos”, explica Peral Garibay.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, declara de “utilidad pública” la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas de monumentos. Es decir, esta declaración pública sirve como justificación legal para la intervención del Estado, incluso para la expropiación de bienes privados, priorizándolos sobre cualquier otro interés.
Es también el Estado quien va a normar todos los aspectos que se pueden modificar, o no, en este espacio. “La idea es mantener el paisaje [colonial]”, añade el investigador.
Por otro lado, el Estado es quien decide el conjunto de elementos de la sociedad y de su cultura que debe ser valorado por encima de otros. Este reconocimiento ha sido realizado de “manera vertical, con el objetivo de generar una identidad nacional y un conjunto de referentes simbólicos y culturales para la nación”, sostiene Peral Garibay.
Por ejemplo, entre más antiguo sea un bien, más valor tiene, o entre más grande sea, más valor tiene. Así, el Templo de Santo Domingo tiene mucho más valor patrimonial que una arquitectura residencial. “Sin embargo, para la gente que vive en estos espacios esto puede no ser necesariamente así. La gente puede valorar más su casa como un bien patrimonial que, a lo mejor, a un inmueble monumental”, señala el antropólogo social.
Este proceso de patrimonialización por parte del Estado mexicano se eslabona con otro que es la inscripción del centro histórico de Oaxaca a la lista de la Unesco, con lo cual se le imprime a Oaxaca la marca ‘patrimonio mundial’. “Las declaratorias de la Unesco han funcionado como una especie de certificación del carácter distintivo de los centros históricos, es decir, como una validación de su supuesta autenticidad y originalidad (…). Es un poderoso productor de simbolismos culturales”, señala la investigadora Noelia Ávila Delgado, quien estudió el centro histórico de Oaxaca en su tesis doctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Además, sostiene en su estudio, bajo la lógica de la política patrimonial, se ha omitido el hecho de que este espacio urbano es resultado de un amplio proceso de dominación que iniciara en el siglo XVI. “El discurso que justifica la Declaratoria se sostiene en una visión conciliadora que hace a un lado las contradicciones inherentes a los procesos de colonización”, sostiene.
La Declaratoria considera el centro histórico como “testimonio de un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo”, de acuerdo con sus propios términos. Este eufemismo que “interpreta los procesos de colonización como meros ‘intercambios de valores’, confirma el carácter abstracto que normalmente define o determina los criterios de selección de este tipo de instancias supranacionales”, arremete la investigadora.
La declaratoria de Naciones Unidas también posee una implicación de gestión práctica. “Una de ellas sería que la Unesco tiene incidencia en lo que se hace, o no, en el centro histórico de Oaxaca, en tanto que es patrimonio mundial”, explica por su parte Peral Garibay.
Un ejemplo de esto es que el Estado mexicano tiene que rendir cuentas al organismo por medio de informes periódicos que evalúan la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, firmada por México. El punto central de la evaluación es dar a conocer el estado de conservación de la zona de monumentos, así como las leyes y reglamentaciones creados e implementados para su protección. Además, el Estado mexicano debe informar a la Unesco sobre los casos de restauración o modificaciones a los monumentos que alteren su valor patrimonial, definidos en su declaratoria. La sociedad civil y organizaciones sociales pueden denunciar a la Unesco ante posibles cambios a los monumentos cuyo valor patrimonial fue alterado.
La preocupación de los informes, a los cuales este reportaje tuvo acceso, es esencialmente con los aspectos que pueden impactar la conservación de los inmuebles. Lo que pasa con los habitantes y las condiciones de habitabilidad del espacio no es su punto central.
Si no se cumple con las reglas, existe el riesgo de que sea incluido a un listado de la Unesco de patrimonios mundiales en peligro y, si el Estado no responde a los cambios necesarios, puede perder su estatus de patrimonio mundial.
Esta es una preocupación en el discurso de los subsecuentes presidentes municipales de Oaxaca, de que todos los cambios en el centro histórico estén de acuerdo a la Convención de la Unesco. El actual, Raymundo Chagoya, en el inicio de su mandato, en enero de 2025, adelantó que lideraría un proyecto que tiene como objetivo no solo preservar, sino también revitalizar Oaxaca de Juárez, proponiendo una regularización en colaboración con la Unesco y el INAH para “respetar los lineamientos de la ciudad patrimonio”.
De manera que el proceso de patrimonialización implica la creación de un conjunto de ordenamientos jurídicos para materializar un proyecto político en el territorio. “Una zona de monumentos históricos es un territorio específicamente delimitado donde un actor ejerce su poder, ejerce su control”, sostiene Peral Garibay.
En este espacio delimitado y reservado, demarcado para la conservación del patrimonio, se activa una serie de “sujetos patrimoniales”, como define el investigador, que son los responsables por ejercer el poder político y económico en este territorio. Además de las distintas instancias estatales, como el INAH, están la Unesco, inversionistas privados e inúmeras fundaciones para la conservación, cuya creación es alentada por la Convención del Patrimonio Mundial.
Un ejemplo de cómo se ejerce este control: al mismo tiempo en que el gobierno local promueve una cacería al comercio ambulante, o crea reglas que disparan los costos y dificultan cualquier cambio en las viviendas catalogadas como patrimonio, también es condescendiente con la existencia, prohibida por décadas, de aproximadamente 500 terrazas utilizadas con fines comerciales para el turismo.
En agosto de 2025, frente a “la crisis de las terrazas” denunciadas por la ciudadanía, el ayuntamiento simplemente cambió, en una votación durante sesión de cabildo, el reglamento del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, permitiendo con ello a los propietarios la oportunidad para regularizarlas. Ahora son permitidas.
Patrimonio, espacio reservado para el capital
Otro punto de concordancia entre los entrevistados para este reportaje es que el turismo masivo vive su auge en nuestros días y ha causado procesos de despojo, como la turistificación, no apenas en Oaxaca, pero también en las demás ciudades mexicanas que hacen parte de la lista de patrimonio de la humanidad de la Unesco. Están de acuerdo en que no es una mera casualidad que, donde haya procesos de patrimonialización, haya también el turismo. El turismo está en el ADN del proceso de patrimonialización.
A lo largo de la existencia de organizaciones supranacionales, entre ellas la Unesco y la Organización Internacional de Turismo, que también hace parte del sistema de las Naciones Unidas, “se va decantando la idea de que el desarrollo económico de muchos de los pueblos que tienen patrimonio se va a dar en la medida en que aprovechen este patrimonio cultural para su desarrollo; eso está registrado en sus objetivos, documentos, asambleas”, sostiene Trujillo.
Las Normas de Quito, un documento de 1967 resultado de la reunión de especialistas “preocupados” con el deterioro del patrimonio en América Latina, promovida por la Organización de los Estados Americanos, y que sirve de referencia para la creación de directrices, construcción de políticas y tomas de decisiones en la región, vincula directamente el turismo como forma de salvaguardar el patrimonio.
Estas directrices toman como referencia la experiencia de otros continentes: “Europa debe al turismo, directa o indirectamente, la salvaguarda de una gran parte de su patrimonio cultural condenado a su completa e irremediable destrucción, (…) rescatados técnicamente gracias al poderoso estímulo turístico”.
En el documento se plasman dos vertientes principales, explica Trujillo. Una, que cada Estado de América Latina debería emitir leyes que permitan las declaratorias de monumentos o de zonas de documento. México emite su Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en 1972, influenciada por la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco.
La otra vertiente parte “del supuesto de que los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico constituyen también recursos económicos al igual que las riquezas naturales del país”, dice el documento en su versión actualizada de 1977. Se trata de “poner en productividad una riqueza [la del patrimonio] inexplotada mediante un proceso de revalorización”.
El turismo es puesto como la opción de lo que se considera “instrumento de progreso”. “Se está aceptando que esos bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso (…)”, dice el documento.
La Unesco va en el mismo sentido. En las Normas de Quito los expertos mencionan que este organismo había llevado a cabo un “exhaustivo estudio” con la colaboración de la entonces Unión Internacional de las Organizaciones Oficiales de Turismo. “Dicho estudio confirma que el uso de la riqueza monumental en función del turismo [trae] beneficios económicos (…) a las áreas territoriales correspondientes”, dice el documento de 1977. La Unesco promueve la integración del turismo en la gestión del patrimonio.
Más directrices
En esta misma época organismos supranacionales ya promocionaban el turismo patrimonial. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y Turismo (efectuada en Roma, en 1963) no solamente recomendó que se diera una alta prioridad a las inversiones en turismo dentro de los planes nacionales, sino que hizo resaltar que, “desde el punto de vista turístico, el patrimonio cultural, histórico y natural de las naciones, constituye un valor sustancialmente importante”, y que, en consecuencia, urgía “la adopción de adecuadas medidas dirigidas a asegurar la conservación y protección de ese patrimonio”.
La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (1964) recomendó a las agencias y organismos de financiación, tanto gubernamentales como privados, “ofrecer asistencia, en la forma más apropiada, para obras de conservación, restauración y utilización ventajosa de sitios arqueológicos, históricos y de belleza natural”.
El Consejo Económico y Social de la ONU, después de recomendar a la Asamblea General designar el año de 1967 como “año del Turismo Internacional”, resolvió invitar a los organismos de las Naciones Unidas y a las agencias especializadas, a que dieran “favorable” consideración a las solicitudes de asistencia técnica y financiera de los países en desarrollo, a fin de acelerar en los mismos el mejoramiento de sus recursos turísticos”
El embellecimiento para el turismo
En las Normas de Quito se advierte que “las obras de restauración no siempre serán suficientes por sí solas para que un monumento pueda ser explotado (…), pueden ser necesarias la realización de otras obras de infraestructura” en el territorio. Así ha pasado en Oaxaca en las últimas décadas.
De acuerdo con la investigación realizada por Ávila Delgado, durante principalmente tres décadas, de 1950 a 1980, las inversiones para convertir a Oaxaca en un centro turístico de “primera importancia” fueron en aumento, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
En este periodo varios planes y proyectos se llevaron a cabo, dando origen a inúmeros proyectos urbanos que eran definidos bajo connotaciones de rescate, rehabilitación y renovación. “Se emprendió un programa de mejoramiento integral que incluyó la dignificación de la imagen visual mediante la limpieza y adecuación de las fachadas, mejoras en el campo sanitario, y de abasto de agua potable, arreglo de calles, parques, plazas, alumbrado público, además de incremento en las instalaciones hoteleras y de restaurantes”, sostiene la investigadora.
Todos estos esfuerzos culminaron en el Decreto de Zona de Monumentos Históricos del INAH en el año 1976. Las acciones de los gobiernos no terminaron por ahí. Según la investigadora, se intensificaron las acciones para consolidar la imagen de la ciudad como un destino ideal para el turismo cultural, que en aquella década comenzaba a irrumpir con fuerza en el ámbito global.
En los años de 1980 se inicia la primera etapa de peatonalización cuya principal intención era promover el cierre de calles a la circulación vehicular privilegiando a los peatones-turistas. En 1982, comenzó el cierre de las calles que rodean al cuadrángulo del Zócalo, dando paso al Andador Turístico Macedonio Alcalá, entre el Convento Santo Domingo y el Zócalo. “La confluencia de tales elementos ha incidido de manera importante en el cambio de uso de suelo, entre y alrededor de dicho corredor [donde hay mayor concentración del patrimonio], promoviendo la especialización y la concentración terciaria, así como la diferenciación con el entorno”, evidencia la investigadora.
Finalmente, todas estas modificaciones y renovaciones para la conservación de monumentos e inmuebles catalogados resultaron en la inclusión de Oaxaca en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, en 1987.
Los proyectos de “regeneración urbana” se intensificaron aún más, siempre con el argumento de la revalorización y conservación del patrimonio. En la década de 1990 ocurre una nueva serie de intervención en el patrimonio arquitectónico, de renovación del espacio público y de dotación de infraestructura urbana en el centro histórico.
Pero un proyecto emblema, según Garibay, es la remodelación del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán. “Varios actores se involucran en este proyecto, como son el gobierno federal a través del INAH, la Fundación Cultural Banamex, o el Fomento Cultural Banamex, que ahora lo conocemos como la Fundación Alfredo Harp Helú, y también tiene una participación muy relevante del pintor, gestor cultural, defensor del patrimonio, ya fallecido, el maestro Francisco Toledo. En este proyecto se da la confluencia de tres actores muy relevantes”, sostiene el investigador.
Después empiezan a surgir otros proyectos que son impulsados también por la Fundación Alfredo Harp Helú, como son la creación de los museos Textil y del Museo de Filatelia, la creación de la Casa de la Ciudad y de la Biblioteca Henestrosa.
Otro cambio importante fue en la década del 2000, el gobierno del Estado reubicó las principales oficinas gubernamentales afuera del centro histórico, cediendo edificios públicos a los inversionistas privados que orientaron sus nuevos usos principalmente a las actividades turísticas, señala Ávila Delgado. En el marco de este proyecto, conocido como Plan de Recuperación Paisajístico del Zócalo, la Alameda y el Atrio de la Catedral, fueron construidas en la periferia de la ciudad las nuevas sedes oficiales de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, así como la Cámara de Diputados.
Turismo en números
En 2021, la ciudad recibió 804,128 turistas, de los cuales 7.68% eran extranjeros; en 2022, la visitaron 1,285,139 turistas, de los cuales 9.53% eran extranjeros; para 2023, la cifra alcanzó 1,300,290 turistas, 11.05% de ellos extranjeros. En el año 2024 recibió 1,321,238 turistas, entre ellos, 12.70% extranjeros.
El Estado pasó del lugar número 13 en el ranking nacional de llegada de turistas, en 2023, al número 11 en 2024. La dependencia estatal destacó, en un boletín de prensa, que en estos resultados se refleja el “trabajo de intensas campañas de promoción turística en los mercados nacional e internacional”. Dicho posicionamiento “cumple con la encomienda del gobernador Salomón Jara Cruz, de que el turismo se convierta en un motor de desarrollo económico en todas las regiones de Oaxaca”.
La investigadora registra en su investigación que, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, este proyecto de modernización y desconcentración administrativa, se proponía la ejecución estratégica de un proceso de reordenamiento que tendría entre sus principales objetivos destinar el centro histórico a la actividad turística y cultural.
La Casa Oficial de Gobierno, por ejemplo, fue transformada por el actual gobierno de Salomón Jara en la Casa de las Máscaras, que exhibe más de 300 máscaras chamánicas dentro de un recorrido cultural sobre la cosmovisión y deidades zapotecas; y el Congreso Estatal, en el Teatro Juárez. El objetivo de sacar los poderes del centro histórico era “disminuir la protesta social” en la zona, sostiene la investigadora, “pero no lo ha logrado, solamente ha dado más puntos de manifestación para las organizaciones y movimientos”.
Consecuencias
La Unesco y organizaciones que cooperan con ella en la preservación del patrimonio mundial mantienen la política de promover el turismo en la gestión de los patrimonios, solo que ahora añadieron el término “sostenible”. En Oaxaca se han llevado a cabo talleres por parte de la Unesco México, involucrando comunidades locales, funcionarios y agentes del turismo para promover el “turismo sostenible”.
El Consejo Internacional de Monumentos y de Lugares de Interés Artístico e Histórico (ICOMOS), una de las tres organizaciones internacionales no gubernamentales, nombradas en la Convención para asesorar a la Unesco, como un dogma repite en sus manuales: “Con el compromiso y la cooperación entre los representantes locales y/o de las comunidades indígenas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, los responsables políticos, los responsables de elaborar planes nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria sostenible del turismo y aumentar la protección sobre los recursos del patrimonio en beneficio de las futuras generaciones”.
A pesar del discurso oficial armonioso, para Peral Garibay y Ávila Delgado, lo que se fue construyendo a lo largo de las décadas en términos de concepción de espacio patrimonial y de prácticas llevadas a cabo por distintos organismos supranacionales, Estados e inversionistas privados es la “mercantilización del patrimonio, vía el turismo”, en escala global.
Hoy, estar en la selecta lista de las ciudades patrimonio de la humanidad significa para Oaxaca participar de consorcios y estrategias que la promocionan en un mercado de turismo patrimonial masivo.
Las estrategias de mercado han provocado desplazamiento de habitantes locales, la sustitución de viviendas por arrendadoras de autos, agencias de viajes, hoteles, hostales, boutiques, restaurantes, cafés, entre otros fenómenos de desplazamientos denunciados por expertos, movimientos sociales y vividos por los habitantes de Oaxaca. “La gente acaba no reconociéndose como habitante en estos espacios”, resume Peral Garibay.
Poco tiempo después de la represión contra la marcha 8M, en el andador turístico baja una calenda de boda; el Estado siquiera había retirado las vallas metálicas de protección a los edificios patrimonializados. Crédito: Renata Bessi.
Para el especialista la mercantilización acaba generando la homogeneización de las ciudades patrimoniales. Todas tienen que cumplir con las reglas de la Unesco en términos de paisaje urbano, pero al mismo tiempo “se va socavando la riqueza cultural, que al final fue lo que hizo que fueran reconocidas como patrimonio; entonces vemos una contradicción clara ahí”, explica el geógrafo.
Disputa del espacio
Si bien existe un proyecto de patrimonialización que ha generado una tendencia a la homogenización del uso del espacio para atender a las actividades turísticas, Ávila Delgado considera que el centro histórico todavía es un espacio en disputa. “El monumentalismo busca omitir usos como lo de las protestas, de los comerciantes ambulantes, de la población local, como si el centro fuera solo la suma del conjunto de monumentos”.
Sin embargo, todavía hay movimientos sociales, colectivas, comerciantes locales, artesanos, artistas callejeros y personas que insisten en mantenerse y hacer distintos usos de este espacio. “No es un espacio neutral, es un espacio vivo, es un espacio disputado por actores de distintos intereses y que están haciendo frente a esta política de vaciar el centro”, sostiene.
El sentido de un centro está en su multifuncionalidad, agrega Peral Garibay, de lo contrario pierde justamente su centralidad. Debe de haber vivienda, debe de haber espacios educativos, espacios comerciales para la población local, debe ser un espacio donde las personas puedan manifestarse, incluso debe de haber turismo, “debe de haber de todo, una mezcla de gente”.
El problema es que el turismo masivo, señala, desplaza toda esta diversidad y, en consecuencia, “los centros históricos se vuelven un mero cascarón, un simulacro de lo que tendrían que ser”, sostiene el investigador.
Si los dos investigadores coinciden en que el centro histórico de Oaxaca tiene una vitalidad que ha hecho frente a estos procesos, también admiten que existe el riesgo de la completa homogenización del espacio. “Sí, ha habido un proceso de resistencia cultural, de resistencia gastronómica, de resistencia de prácticas cotidianas. Pero podrían no estarlo en un futuro”, sostiene Garibay.
Abrir brechas de resistencia parece ser una tarea necesaria e imposible. Sin embargo, Lirba, desde Cuerpos Parlantes, afirma que existen fisuras en las ciudades y espacios de disputa donde se pueden experimentar otras formas de relación y de habitar.
Una de las principales tareas es recuperar la capacidad de construir nuevos imaginarios de lo que es habitar en el urbano. “Este sistema nos ha robado la imaginación, nos ha puesto los límites de lo posible, o de lo imposible”, comparte Lirba.
Construir nuevos imaginarios es, para ella, “imaginar cómo podemos sostener la vida comunitariamente, alejarnos del yo individual, del yo exitosa, ¿cómo hacemos para resolver lo más importante que es la vivienda de forma colectiva? Y, en ese ir intentando, pues van surgiendo nuevas prácticas de convivencia, de vínculo, de sensibilidades. Se va construyendo. Lo que nos interesa es ir construyendo una subjetividad cooperativa, una subjetividad colaborativa, recuperar una subjetividad que de verdad entienda que sí es posible, rompiendo, fisurando esos límites impuestos en el hacer político. Eso es algo que a mí me enseñó el movimiento feminista”.