Eólicas, historia de despojos y violencia en el Istmo

Rocío Flores

OAXACA, Oax.  ‘Vientos de  resistencia” corren en la región sureña del país, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde también se genera como en pocas zonas del mundo, el viento que grandes empresas trasnacionales desean para generar millonarias ganancias.

Diez años de lucha contra los proyectos eólicos en la región, han colocado a las defensoras y defensores binniza (zapotecas) en situación de riesgo, amenazas constantes, hostigamientos que se han  intensificado y que va desde la vigilancia en sus centros de trabajo, calumnias,  insultos en su domicilio,  entre otras manifestaciones de violencia, incluyendo amenazas de muerte, a partir del amparo de suspensión definitiva de la empresa Eólica Sur en Juchitán,  una más de las que están imponiendo en el Istmo de Tehuantepec”  dice Bettina Cruz integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y Territorio.

Betina informó en conferencia de prensa, que el pasado  11 de diciembre de 2015,  les otorgaron un amparo para suspender de manera definitiva este proyecto “  y a partir de ello se ha agudizado  el clima de inseguridad  para las y los defensores.

La historia para la defensora zapoteca se remonta al año 2006, cuando llegaron a esta región, con la anuencia de los gobiernos, empresas trasnacionales que buscan generar “energía limpia, desarrollo y progreso”, sin importar las afectaciones ambientales, a la salud y forma de vida de las comunidades.

En esa fecha -relata- empezaron a construir parques eólicos en el Istmo sin que la población tuviera conocimiento de ello,“ sin respetar el derecho a la libre autodeterminación que tenemos los pueblos indígenas para decidir o no sobre algún proyecto que vaya a afectar nuestra vida”.

Actualmente existen 25 parques eólicos  que se han instalado sin el consentimiento de quienes ahí viven  y  a pesar de los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha signado, para proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluso a pesar del artículo 2 de la Constitución, donde indica que cualquier proyecto que pretenda  instalarse en un territorio tienen que ser consultado con la población.

Solo en Juchitán están ubicados 14 de esos parques eólicos, el número 15 pretendía ser Eólica Sur.

 

La empresa Eólica Sur, antes Mareña Renovables, no se estableció en la Barra Santa Teresa porque hubieron protestas por los posibles estragos a las comunidades pescadoras. “Nos unimos y mediante un amparo pudimos detener este proyecto”, recuerda Bettina, detenida ya en una ocasión en 2012 y según denunciaron, de manera arbitraria,  por su labor como defensora.

“ Estuvimos luchando con el pueblo ikoots para detener a Mareña Renovables pero meses después el proyecto cambió de nombre, se convierte en Eólica Sur y lo imponen en tierras comunales del municipio de Juchitán y de El Espinal, Oaxaca”.

En la defensa de su territorio expone Bettina, uno de los argumentos fue que no había habido consulta previa, libre e informada como señala el acuerdo 169 de la  Organización Internacional del Trabajo OIT. A raíz de eso, el gobierno  creó una consulta “totalmente controlada por el estado, por la secretaría de Energía ( que es quien otorga los permisos), por el gobierno estatal y municipal”.

Ni previa, ni informada

La consulta no fue libre, no fue informada y mucho menos previa, según organizaciones no gubernamentales, activistas y defensores del Istmo de Tehuantepec.

Betina junto con  Ricardo Lagunes, abogado de las comunidades opositoras, así como Carlos Sánchez, activista y coordinador de la radio comunitaria Radio Totopo relatan que la consulta se realizó  una vez que ya estaban dados los permisos  (en enero de 2015 fueron otorgados) y cuando ya habían aceptado el estudio de impacto ambiental de la empresa (en junio de 2014).

Tampoco fue libre:  “ahí en plena consulta a todos los que nos estábamos de acuerdo con el parque se nos hostigó, hubo intentos de asesinato en plena consulta muchos tipos de chantaje, los constructores aliados cerraron los lugares donde se hacáa la consulta y al final solo  la validaron”.

En esta circunstancia, apuntan: “nosotros  la descalificamos y nos reservamos el derecho  a hacer lo pertinente, exigir nuestros derechos.

Interpusimos el amparo y a través del juzgado séptimo de distrito en Salina Cruz,  el juez Isaías Corona Coronado concedió la suspensión definitiva en diciembre de 2015”. Sin embargo a partir de este momento comenzó a acrecentarse el clima de hostigamiento, según denuncian.

68 mil hectáreas en riesgo

Raymundo Regalado Jiménez, vocero  de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), que este 25 de febrero cumple su tercer aniversario de aparecer en la defensa de las tierras comunales de Juchitán, apunta que las 68 mil hectáreas de tierras comunales que los extranjeros se quieren apropiar, no son terrenos de pequeños propietarios, sino comunales, es decir de toda la población,  sin embargo hoy  en día aparecen varios propietarios.

Cacicazgos

El activista señala que Porfirio Montero Fuentes, un cacique de Juchitán  ha estado acaparando las tierras desde  los inicios de la COCEI en los años 70.

Pero además, apunta,  la actualidad municipal mantiene su postura de estar otorgando tierras a los pescadores, a extraños, “porque no son  juchitecos, ni de pueblos vecinos, sino gente que vienen de otros estados, así como sucede en Chimalapas con el vecino estado de Chiapas y Veracruz”.

 

Afectaciones al medio ambiente y a la comunidad

«Los parque eólicos llegaron a nuestra región y tomaron posesión de nuestras tierras, con la anuencia de los gobiernos, sin importar la contaminación, ni  la destrucción de los bosques y selvas», coinciden activistas.

“Hay un discurso a nivel mundial y de los empresarios es que es para mitigar el calentamiento global pero en el Istmo están destrozando selvas. Sólo Eólica Sur pretende ocupar más de 5 mil hectáreas, donde el 80 por ciento es selva virgen y se encuentra a menos de un kilómetro de la laguna superior.

“ Están acabando con la zona manglar que teníamos No habrá productos en la temporada, no habrá camarones, no habrán jaibas, no habrán especies.” “Desde el año 2015 se dejaron de cultivar 29 mil hectáreas de maíz,  una de los alimentos principales de esa población zapoteca.

[quote]“ Nuestra protesta no es sin razón, el parque eólico está invadiendo la zona urbana de Juchitán,  hay un despojo  contra los pueblos indígenas y en eso no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo”, apunta Carlos Sánchez.“Queremos proyectos que ayuden a la comunidad, que no sea un medio de despojo para favorecer a empresarios trasnacionales, a ricos políticos, es la razón nuestra, y es la que queremos exponer a todo el mundo”, manifestó.[/quote]

El activista señala que cuando hacen este tipo de denuncias la empresa no se queda de brazos cruzados, también arrecian con la cuestión legal.

Nueva amenaza

La intención de Eólica Sur de continuar con esa inversión millonaria al parecer no ha cesado; durante una conferencia de prensa, defensores, abogados y activistas informaron que la determinación del juez fue preservar  la vida de la comunidad indígena pero a las empresas eso parece no importarles, les interesa solo los beneficios privados de empresas de este consorcio, Xoxo, Moctezuma, por mencionar algunas.

En el trámite del juicio, explicaron,  han ocurrido ciertas hechos como las presiones de la empresa a través de sus apoderados promoviendo el cambio de juzgador en lugar de  Isaías Corona Coronado, con lo que la amenaza de despojo, daños al medio ambiente y a la salud de la población continúa latente.

Mientras tanto en el Congreso local, la ley de pueblos indígenas,  que les otorgaría reconocimiento pleno,  se encuentra estancada desde el 21 de marzo de 2014, por  falta de voluntad de los diputados y diputadas integrantes de la 62 legislatura local,  y de  las diferentes fuerzas políticas pero principalmente, según señalamientos de otras fracciones,  de quienes integran  el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pese a ello no dejan de anunciar el desarrollo por venir para esa zona, propuesta recientemente por el presidente Enrique peña Nieto, Zona Económica Especial, con la que vislumbran “nuevos polos de desarrollo”  a través de la inversión privada.