El diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Martínez, solicitó este martes 29 de julio ante el Senado de la República declarar la eliminación de poderes en el estado de Oaxaca ante la “impune serie de asesinatos de periodistas y activistas” en el estado.
A través de sus redes sociales, el legislador emecista, antes aspirante a la dirigencia nacional del partido Morena, compartió una imagen de la solicitud en la que exhorta a la Cámara Alta a ejercer la facultad de intervención en el ámbito estatal, atribuida en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El documento señala que las acciones y omisiones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz han generado condiciones que afectan gravemente la vida institucional del estado y constituyen violaciones a la Constitución federal y a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, esto tras las acusaciones por coartar la libertad de expresión y trabajo periodístico.
Contexto de violencia contra periodistas en Oaxaca
La iniciativa surge a raíz del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, asesinado a tiros el 22 de julio en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.
Meses antes de su muerte, el columnista había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento judicial relacionados con su gestión al frente de la CORTV.
Además, en sus redes sociales, responsabilizó directamente al gobernador: “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, escribió el comunicador.
Amenazas e intimidación
El 25 de julio, unos días después del asesinato de Alejandro Leyva, el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, recibió una amenaza de muerte en redes sociales, que fue identificada por Reporteros Sin Fronteras, organización que contactó con el periodista para advertirle y sugerirle medidas de protección.
Este es el contexto en que el legislador de Movimiento Ciudadano sustenta su petición al considerar que la situación por violencia en el estado de Oaxaca se está desbordando.
Acoso de grupos de choque durante protesta por el asesinato de Leyva
Familiares de Alejandro Leyva protestaron durante el desfile de delegaciones previo a la segunda función de la Guelaguetza. Durante la protesta alzaron pancartas y lonas. Posteriormente denunciaron la presencia de presuntos integrantes de un grupo de choque que los rodeó para limitar su manifestación.
También advirtieron que el gobernador Salomón Jara Cruz abandonó el contingente oficial cuando el recorrido se aproximaba a la zona donde se encontraban protestando.
El mandatario admitió este martes que abandonó el desfile para evitar caer en provocación, es decir no tuvo contacto con quienes exigían justicia por el homicidio del comunicador.
Alerta entre periodistas locales
El riesgo ha puesto en alerta a comunicadores y periodistas del estado. Este martes, la periodista Jaqueline Robles denunció que un grupo de personas a bordo de un vehículo tipo Tsuru, una de ellas presuntamente armada, fotografiaba su domicilio.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó los protocolos de protección para la comunicadora e inició investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Pese a los esfuerzos institucionales para evitar que la narrativa de violencia crezca, diversas organizaciones de la sociedad civil advierten que la violencia puede escalar, pues a este lamentable suceso contra el periodista, se suma una serie de violencias contra defensores de derechos humanos y del territorio autoridades municipales, agrarias, mujeres.
Las organizaciones integrantes de la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO) señalan que el estado ha vivido una serie de agresiones sistemáticas, desplazamiento forzado y afectaciones por megaproyectos y extractivismo.
Además, advierten sobre altos niveles de impunidad y el riesgo latente en el estado para quienes defienden Derechos Humanos, para los comunicadores y periodistas.
