Organizaciones de la sociedad civil advierten una “escalada de violencia” en el estado de Oaxaca que, refieren, se refleja en los múltiples asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, autoridades municipales, agrarias, mujeres y periodistas.
Por medio de un pronunciamiento, las organizaciones integrantes de la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO) señalaron que aún con el discurso gubernamental de respeto a la libre expresión y a las opiniones disidentes, el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar ocurrido el 22 de julio, es un ejemplo de la omisión de las autoridades sobre el tema, ya que el columnista había denunciado amenazas desde el Poder Ejecutivo estatal en su contra.
También manifiestan su preocupación por las amenazas hacia el periodista Pedro Matías Arrazola, quien ejerce su labor con un alto compromiso por los Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca.
Estos dos elementos , indican, no deben minimizarse, ya que Oaxaca ocupa el quinto lugar más peligroso en el país, para ejercer el periodismo y se encuentra en el primer lugar nacional en casos de tortura con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdfo con la propia Ombudsman Elizabeth Lara Rodríguez de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
También destacan que el estado ocupa el primer lugar nacional en homicidios contra activistas y defensores del territorio y el medio ambiente, la gran mayoría pertenecientes a pueblos originarios.
«Manifestamos nuestra preocupación, indignación y rechazo ante la omisión del Estado para la aplicación de la justicia en cada uno de los casos”, expresaron las organizaciones que forman parte de la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO).
En el segundo informe presentado en marzo de 2026, este grupo de organizaciones advertía ya de agresiones sistemáticas, desplazamiento forzado y afectaciones por megaproyectos y extractivismo, y sobre altos niveles de impunidad y el riesgo latente en el estado para quienes defienden Derechos Humanos y para los comunicadores.
Ante estos hechos, las organizaciones exigen a las instancias correspondientes del Estado que se esclarezcan los hechos conforme a los estándares en el ejercicio al Derecho a la comunicación y la libre expresión y que se sancione a los responsables y se aplique la justicia.
Además, en caso de inoperancia del Estado, pidieron la solidaridad de Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que acompañen el proceso de investigación y sanción a los responsables.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para Todas, Todos y Todes”, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, A.C. (IDEMO), Tequio Jurídico A.C., la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., entre otras.
