Por Citlalli López Velázquez
Las denuncias por tortura en contra de seis personas, detenidas después de la marcha contra la gentrificación en Oaxaca, siguen sin ser resueltas. Niza Chávez Chávez, integrante de la colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI), indicó que prevalece la impunidad y persecución en contra de las personas denunciantes.
«Fuimos como observadoras y en calidad de defensoras»
Al cumplirse un año de la marcha-calenda contra la gentrificación, Niza Chávez reiteró que las colectivas convocantes no organizaron la marcha del 27 de enero de 2023, como se ha señalado en algunos espacios, sino que participaron como observadoras, en su calidad de defensoras de derechos humanos. A pesar de ello -señaló- tres de las personas convocadas, incluida ella, fueron detenidas y torturadas por parte de las autoridades.
Omisiones
«Nos hemos enfrentado a una grave omisión por parte de la Fiscalía, los organismos de derechos humanos y las dependencias de seguridad. Aunque se nos otorgaron medidas de protección de manera formal, estas son insuficientes, considerando que la violencia provino directamente de una institución estatal «, explicó respecto del estatus actual de la denuncia interpuesta.
Además -agregó- las colectivas han sido objeto de hostigamiento constante por parte de las autoridades, incluido el cuerpo de policía vial, y enfrentan la criminalización desde el discurso oficial. Niza Chávez mencionó que el gobernador ha cuestionado públicamente el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que agrava el panorama y obstaculiza aún más su trabajo.
El impacto de esta situación, según Chávez, ha sido profundo. «Desde el inicio de este gobierno, ha habido una clara intención de criminalizar las protestas y el trabajo de quienes defendemos los derechos humanos. Esto no solo nos afecta a las colectivas, sino a cualquier persona que se atreva a protestar contra la violencia o el despojo. en el estado», afirmó.
La defensora criticó el discurso gubernamental que, bajo la narrativa de progreso y desarrollo, justifica actos de despojo y violencia. «Es contradictorio que se presente como una administración indígena y progresista mientras perpetúan políticas colonialistas y discriminatorias».