En Oaxaca se analiza una vía legislativa para permitir que las autoridades actúen con mayor eficacia en la investigación y sanción de los crímenes de odio contra mujeres trans.
La iniciativa busca modificar diversas disposiciones del Código Penal de Oaxaca y tipificar como delito autónomo el transfeminicidio e imponer de 50 a 60 años de prisión a quien lo cometa. Fue enviada el pasado martes por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local para su análisis y dictaminación.
En ésta se explica que el delito de transfeminicidio es perpetrado por razón de identidad de género o expresión de género; en Oaxaca durante las primeras semanas de este año 2025 se reportaron dos de los cinco casos que se han registrado en el país.
Ante el creciente número de casos, la iniciativa busca construir un marco normativo en aras de garantizar la justicia, igualdad y dignidad de las personas trans en la entidad, dejando claro, que estos crímenes no solo privan de la vida a las víctimas, sino también perpetúan una narrativa de exclusión y deshumanización.
Para la acreditación de este delito, se especifica que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y las instancias correspondientes deberán seguir los requisitos establecidos por el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.
La incorporación de este delito al Código Penal local contribuiría a visibilizar y abordar las causas estructurales de las violencias que enfrentan como la discriminación por identidad de género y crímenes relacionados con el género, orientación sexual, pobreza y exclusión social, destacó la legisladora Jimena Yamil Arroyo Juárez , quien presentó la propuesta.
La legisladora subrayó la importancia de reconocer la violencia específica contra las mujeres trans debido a que enfrentan una violencia sistemática que combina la transfobia y la misoginia.
Un antecedente a esta iniciativa es la Ley Paola Buenrostro, la cual tipifica el delito de transfeminicidio en la Ciudad de México, como un delito autónomo. Fue aprobada en el Congreso capitalino el 18 de julio de 2024.
Dicha ley lleva el nombre de Paola Buenrostro, una mujer trans trabajadora sexual que fue asesinada en 2016.
El estado de Nayarit ya contaba con una ley similar, sentando un precedente en marzo de 2024 respecto a derecho humanos de la comunidad LGBTTTI.