Share This Article
Impulsada por la realidad de su comunidad Santo Tomás Quierí, una pequeña agencia de San Carlos Yautepec, Oaxaca, y con el deseo de saber cómo funcionaban las figuras del Estado y cómo abonar para que no persista la injusticia social en pueblos y comunidades como el de ella, Camelia Gaspar Martínez decidió trabajar desde muy joven por la reivindicación de la identidad y ante las desigualdades sociales.
Comenzó su carrera acompañando casos de mujeres indígenas, quienes buscando la justicia se encontraron con un sistema que no les garantiza que lo que ellas dicen, sea puesto en los expedientes. «Ahí comencé a ver dificultades para el acceso a la justicia, es un sistema alejado de la realidad”
La abogada zapoteca, de 38 años de edad, Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, exconsejera académica y electoral y ahora candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explica que ésta disociación entre el sistema jurídico mexicano olvidó también a comunidades en el país que históricamente han tenido escasos servicios básicos y en cambio muchos conflictos agrarios y políticos.
Convencida de la inequidad y la desigualdad en el sistema de justicia con respecto a estos pueblos de sistemas normativos, la abogada asegura que es un asunto pendiente, el que sean considerados, mirados e incluidos, dice que en el fondo todo eso es un tema de justicia social que no está resuelto.
Rumbo a un nuevo proceso de elección
Ahora con una Maestría en Justicia Administrativa y Maestría en Derecho electoral considera que este proceso de reforma y campaña rumbo a las elecciones del Poder Judicial, “han sido como una ‘sacudida’ y mostró que en la generalidad del pueblo no hay justicia”.
“A la gente no le importa si es el Ministerio Público el que no hizo bien su trabajo o es el agente de investigaciones o el juez de primera o segunda instancia, la gente percibe que no hay justicia, o bien que está alejada de la ciudadanía”.
Por eso, asegura, estamos ante un nuevo escenario. “La reforma plantea el cambio de estructura, es decir el cambio de personas dentro del sistema. “Estamos ante la posibilidad de que la gente vote por las mismas personas de siempre o no”, comenta a menos de un mes de la elección.
Por un modelo judicial representativo y más justo
Antes, explica, quienes elegían a los jueces eran los mismos magistrados; quiénes elegían a los magistrados eran los diputados de los congresos locales, a nivel federal; el Senado elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una propuesta del Ejecutivo. “Es decir era toda una élite política”.
Ahora, dice, si bien, hay unos comités del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, es necesario destacar que algunas personas que se adscribieron a los indígenas llegaron sin ninguna acción afirmativa formal.
“Pasamos por una revisión, cumplimos con un currículum y la experiencia demostrable. “No hay ningún beneficio para nosotros, no nos pidieron menos requisitos, ni menor calificación.
No obstante, la abogada destaca que no existe un piso parejo y es necesario revisar algunas reglas para que realmente haya equidad, igualdad y que las personas participantes puedan efectivamente desarrollar una campaña amplia e intensa.
Sin embargo, eso no la desanima, “nos aceptaron y ahora estamos ante la posibilidad de nuevas magistraturas que pueden ser un paso hacia un modelo judicial más justo y representativo”.
La abogada zapoteca no es ajena a los retos que implica el sistema de justicia en el país, para ella esto es una verdadera prueba, un ejercicio ciudadano y una demostración de que si hay perfiles entre las mujeres entre las mujeres indígenas.
“Uno de los motivos por los que me inscribí es porque para las mujeres indígenas nada ha sido fácil, para las mujeres en general, porque hemos tenido pocas oportunidades de acceder a este tipo de puestos, era un poder judicial muy elitista, en el que tenías que tener ciertas condiciones para estar incluso como meritoria en un juzgado; por el tema de género, arriba del 70% del Poder Judicial Federal en puestos de toma de decisiones: juzgadores, magistrados y ministros eran hombres. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para quienes hemos buscado incidir desde nuestros espacios, no hay otra manera, nadie lo va a hacer por nosotras, tenemos que participar”.
Camelia Gaspar es consciente de que no cuenta con un respaldo político ni económico, no es hija de un magistrado magistrada. “Eso cuenta, pero no debería ser así”. Aunque asegura “eso puede jugar a favor o en contra de mí”.
Lo importante, destaca, es que hay una oportunidad de participar como ciudadanía no vinculada a los poderes políticos.
“Dudé en inscribirme pero ya estoy aquí. Esto es una prueba, y yo misma soy un testimonio de ver si la gente va a votar y ese es el gran reto”.
La abogada zapoteca subraya la necesidad de impulsar desde una magistratura electoral, un sistema de justicia accesible, incluyente, con perspectiva de género y respetuoso de la diversidad cultural del país.