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Es hora de romper la violencia simbólica y estructural, queremos mujeres indígenas en el Poder Judicial de la Federación, afirma la abogada y defensora pública federal, Norma González Jiménez, quien contiende en este proceso de renovación en el sistema de justicia para ser magistrada de circuito en materia mixta.
Con más de 17 años en la defensa pública federal, la abogada oaxaqueña, hablante de lengua mixteca, ha resuelto decenas de casos con una perspectiva intercultural, interseccional y de género, tres factores que de acuerdo con especialistas son indispensables para ocupar el cargo en el Poder Judicial de la Federación.
En su trayectoria profesional González Jiménez ha observado que uno de los principios más violados en el sistema de justicia es el de la interculturalidad. “ Es un principio y también es un derecho de las comunidades y las personas indígenas. Por eso se requiere que las abogadas y abogados representemos también esa diversidad en la judicatura”, afirma.
Como defensora pública federal advierte que dentro del sistema de justicia hay una forma muy mecánica de ver los asuntos, a veces como el caso de Julia, en donde ni los abogados, sean defensores públicos o privados, ni los jueces se interesan en conocer el contexto de las personas porque eso representa un esfuerzo.
Sin embargo, Norma González Jiménez considera que es necesario ahondar sobre la especificidad cultural. “Como abogado, quizá requieres peritos, ir a la comunidad, conocer y entrevistar personas, entrevistar a la autoridad, ir a los archivos de la autoridad y ver algunas actas de asamblea, algunas minutas que tengan para explicar tu caso y la abogacía muy poco se interesa por hacer una defensa con esa perspectiva intercultural o de género.
La experta en derecho indígena explica que quizá las defensorías no son tan exhaustivas por la carga laboral y es por eso que llegan a sentenciar a personas indígenas sin considerar estas perspectivas. «Se requiere sensibilidad. Esta perspectiva está en pañales y tal parece que a la justicia le es cómodo no tomarlas en cuenta y sentenciar fríamente», apunta la abogada bilingüe.
Se criminaliza a los más pobres
La candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito de Oaxaca, asegura que en el actual sistema de justicia desde las detenciones mismas se criminaliza a quienes no pueden llegar a un acuerdo con la policía en lo inmediato: a los más pobres, a los más débiles.
Por ejemplo, menciona que para inflar las estadísticas, las policías van a las comunidades y al primero que ven es a un campesino regresando a su casa con su arma de fuego, y aunque está en lo permitido, lo detienen, pero porque hay una necesidad, porque las detenciones están están enfocadas en números, no en combatir la delincuencia.
Las detenciones de mujeres son aún más graves —explica— porque muchas veces las policías destruyen alguna evidencia que les pueda favorecer en el juicio, como en el caso de Carmen, una mujer indígena monolingüe que fue detenida en un viaje a la ciudad de Oaxaca. Ella iba a cobrar un apoyo para el campo y la detuvieron en el vehículo en que viajaba, le destruyen sus documentos y la hicieron ver casi como la jefa de una banda delictiva. Y resulta que es el chofer quien le da el arma, se la pone y le dice, «Tú eres mujer, a ti no te van a detener.»
A través de una perspectiva diferenciada, la abogada logró que Carmen no pisará Tanivet, pero otras mujeres viven en reclusión y al liberarlas no logran insertarse a una comunidad, sufren un estigma, regresan a ser una especie de fantasma, una persona ‘indigna’ y eso hace que se destierren de la comunidad y por lo general van a dar a las periferias de una ciudad en donde se va reproduciendo otra vez contra ellas la desigualdad, la marginación y la violencia.
“El sistema de justicia no se está aplicando para esta población”
Un pacto por la justicia intercultural y con visión de género
Norma asumió un pacto al inicio de su campaña, el cual reafirma a menos de una semana de la elección en el país. “Es un compromiso con la sociedad, y con las mujeres: “nos comprometimos (ella y otras candidatas) a ser sororas en la justicia y que no se permita que una persona agresora ocupe espacios de justicia donde se tiene que ser muy sensible y pugnar por los derechos de las mujeres”, indica.
También suscribieron un acuerdo en el que se comprometen a no transgredir o revictimizar a las personas en las resoluciones. “Ese pacto tiene una visión de justicia social y con un enfoque de género, porque la justicia actualmente es patriarcal, elitista y no habla lenguas indígenas”, destaca.
Después de 60 días de campaña recorriendo distintas regiones del estado, escuchando y compartiendo con la población, la abogada reitera que es necesario el trabajo de las mujeres indígenas en el Poder Judicial, personas preparadas y conscientes, comprometidas con las causas justas y el bienestar del pueblo.
“Yo vengo del pueblo, estudié en la Universidad del Pueblo y estoy sirviendo al pueblo. Sé de lo que hablo. He trabajado 17 años en asuntos de personas más vulnerables. Creo en mi trabajo. Mi sueño es tener una justicia en la que a través de un Tribunal Colegiado de Apelación se pueda instruir a los jueces para que ahonden sobre la perspectiva de género, la interseccionalidad y de preferencia que hablen las lenguas de las personas. Es la justicia la que se debe adaptar a la persona y no la persona a la justicia”, sostiene la candidata a magistrada.
