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“Grave y bajo estrecha vigilancia”, es el diagnóstico del médico tratante, Ulises Pérez Carrera, sobre la salud del exdiputado priísta, Juan Antonio Vera Carrizal, quien ha cumplido 7 meses excarcelado y presuntamente internado en el hospital “Santa Anita”. Sin embargo, hasta la fecha, ningún perito médico ha confirmado las supuestas enfermedades del también empresario acusado de tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos Ortíz.
Un reporte del doctor Alejandro Torres, perito médico de la Fiscalía General de Oaxaca, emitido en febrero, refiere que el expediente del paciente no incluye los documentos suficientes que permitan comprobar todos sus padecimientos.
En ese escenario, la defensa de la víctima ha solicitado reiteradamente la inspección médica completa de Juan Antonio Vera Carrizal por el personal de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin embargo, esto no se ha hecho, pese a que el Tribunal de Enjuiciamiento también lo ha solicitado ante el hospital, pero el nosocomio ha sugerido que eso podría complicar el estado de salud del empresario.
“Las visitas se encuentran restringidas a lo mínimo necesario y se ha recomendado evitar eventos que impliquen alteración del estado anímico y emocional del paciente, así como evitar episodios de estrés que pudieran desencadenar descarga adrenérgica y en consecuencia episodios de agudización de su enfermedad cardiaca coronaria, tal como ha sucedido previamente”, señala Pérez Carrera en un informe fechado el 8 de junio, presentado ante el juez Lorenzo Ramírez Cruz por el abogado de Vera Carrizal, Edgar López García.
“En atención a su solicitud de permitir el acceso a las instalaciones por perito médico de la Fiscalía o a los servicios médicos de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, me permito informarle que existe libre acceso para tal fin, previendo la vulnerabilidad de dicho paciente y apegándose a lo recomendado por su médico tratante respecto a situaciones que impliquen alteración del estado anímico y emocional del paciente, así como evitar episodios de estrés que pudieran desencadenar descarga adrenérgica y en consecuencia episodios de agudización de su enfermedad cardiaca coronaria”, refiere en otro informe, con fecha del 11 de junio, el administrador del hospital, Roberto García López.
María Elena Ríos denuncia que bajo estos argumentos, hasta la fecha su agresor no ha sido valorado con estudios y análisis para conocer su estado de salud real.
De acuerdo con los informes generales emitidos por su médico particular, Juan Antonio Vera Carrizal tendría los siguientes padecimientos: Síndrome coronario agudo; cardiopatía isquémica por flujo lento; síndrome de canal estrecho cervical; mielopatía cervical; trastorno ansioso-depresivo; síndrome de Parkinson; sangrado del tracto digestivo bajo intermitente y síndrome de colon irritable.
La víctima está convencida que en la excarcelación de su agresor existen diversas complicidades entre autoridades del Gobierno del Estado, la Fiscalía General, la subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Tribunal Superior de Justicia.
“Me siento cansada, pero no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a llegar hasta donde se tenga que llegar y va a estar quien tenga que estar. Yo voy a seguir luchando legalmente, con el camino limpio, porque yo no me he valido de engaños, de artimañas, de comprar a la justicia”, señala la víctima de un ataque con ácido en 2019.
Sobre la violencia digital que ha recibido en los últimos meses, María Elena sostiene que eso tampoco va a mermar su camino.
“Les leo desde la empatía, me ha costado mucho pero sé que desconocen toda la situación y tampoco es su culpa, es un problema sistemático. Yo les respeto, pero todo eso no va a detener mis anhelos de justicia”, reflexiona la saxofonista.
Fue el 19 de diciembre pasado cuando María Elena Ríos se presentó en el hospital “Reforma” de la capital de Oaxaca para denunciar públicamente que desde el 2 de diciembre su agresor estaba internado sin notificación oficial ni custodia judicial.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó en ese momento que el empresario había sido trasladado por cuestiones médicas y que sería reingresado al penal de San Francisco Tanivet, en donde permanecía desde 2020, una vez que su estado de salud mejorara, pero eso no ha sucedido.