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Foto: Ivonne Mateo
Pijy es una joven indígena ayuujk de San Juan Mazatlán Mixe, fue víctima de violación a sus quince años. Pijy significa flor en lengua ayuujk, y ha sido la palabra que ha usado desde 2013 para reservar su identidad
En esa fecha, después de la agresión sexual, interpuso su denuncia legal contra Plácido N. en Matías Romero, confiando en el trabajo de la Fiscalía. Pero en lugar de justicia, afirma, se encontró con un sistema que protege a los agresores y revictimiza a quienes denuncian.
Pijy no solo padeció el trauma de la agresión sexual, después de su denuncia recibió amenazas de Plácido N para que desistiera. Se fue de su comunidad confiando en que había una orden de aprehensión en contra de su agresor. Nueve años después supo que nunca se concretó, su juicio quedó sin efecto y su agresor seguía libre.
Ha habido una serie de violencias institucionales, por las omisiones de las autoridades de la fiscalía de Matías Romero, indica su asesor jurídico Joaquín Galván. La última, dice, fue un fallo institucional ‘inédito’ que la convirtió en víctima por segunda ocasión.
En 2022 acudió a la Fiscalía de Matías Romero y ahí le informaron que por resolución del juez de control Omar Morales Simón habían cerrado el proceso penal que ella había iniciado en 2013, sin sanción a su agresor, debido a que la esposa de su agresor se presentó con su nombre para desistir del procedimiento contra Plácido N.
“Pijy” inició un nuevo proceso por el delito de suplantación, retomó el proceso por violación y además interpuso una queja por corrupción en contra del juez Omar Morales Simón y el ministerio publico Pedro Fierros Zárate, así como de sus cadenas de mando que por omisión, negligencia o complicidad no realizaron los procedimientos más básicos para verificar que la mujer que se presentó al juzgado a desistirse de la denuncia, fuera en efecto la víctima.
Pero tuvo que tomar una pausa debido a su situación emocional, económica y familiar, hasta que en 2024 retomó el caso con el abogado Joaquín Galván. El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla se comprometió con las investigaciones y en octubre detuvieron a Plácido N — quien ya era presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe— y a su pareja Karla N por el delito de suplantación, uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones judiciales. Ambos están detenidos, pero han buscado ampararse.
Doce años después de haber denunciado, lo único que pide la joven ayuujk es que se haga efectivo su derecho a la justicia, por lo que exige al Poder Judicial de Oaxaca una investigación profunda en su caso. “Tuve que lidiar con las omisiones graves… Solo los de la fiscalía saben que ganaron otorgándole ese privilegio. A mi me causaron sufrimiento, me condenaron a sufrir amenazas e intimidaciones recurrentes, tengo el derecho de reclamar…”.
Hace una semana, la Defensoría de Oaxaca encabezada por Elizabeth Lara Rodríguez determinó que existieron “graves omisiones” en la actuación del personal ministerial y emitió la recomendación 12/2025 contra la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por la responsabilidad de las autoridades en la suplantación.
En ella instruye a la Fiscalía a ofrecer una disculpa pública a Pijy, una reparación integral, compensación justa y atención psicológica adecuada. Además a realizar investigaciones para determinar la responsabilidad de funcionarios de la fiscalía de Matías Romero.
La joven ayuujk y su asesor piden al Congreso local y federal legislar para establecer protocolos y controles estrictos de verificaciones de identidad en los procesos penales y promuevan lo necesario para que su caso no vuelva a repetirse. A la Fiscalía, cumplir con la recomendación, la investigación, inhabilitación y destitución inmediata de los ministerios públicos Pedro Fierros Zárate y al actual Ministerio Público adjunto en Matías Romero Neljer Matus García por las recientes violencias ejercidas en su contra.
Además, exhortan a la Defensoría para que sus recomendaciones también alcancen al Poder Judicial por las actuaciones del juez Omar Morales Simón, sobre quien pesan otras acusaciones por resoluciones irregulares, como el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, donde no vinculó a proceso a uno de los implicados. “Nada me gustaría más que retomar mi vida y dedicarme a lo que me gusta, pero mientras con sus comentarios machistas sigan minimizando mi caso, seguiré exigiendo lo que por derecho me corresponde: justicia”, reitera Pijy.