Hace dos décadas un grupo de jóvenes universitarios, motivados por la experiencia personal o familiar, se propuso una gran hazaña: servir a sus comunidades de origen utilizando el sistema jurídico como guía y fundamento.
En 2003, 11 jóvenes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se unieron con la idea de proponer a la Defensoría Pública la capacitación de intérpretes. Lamentablemente no fueron recibidos, aunque al final lograron ver esa experiencia como un primer encuentro que les llevó a otro lugar.
“Como muchas cosas en la vida, a veces no las planeamos, tenemos una idea y salen otras”, dice a la distancia Juan Carlos Morales López, uno de los integrantes de ese grupo de universitarios.
Después de varias reuniones, ocho de ellos decidieron crear un colectivo. “Queríamos retribuir a nuestras comunidades con gestorías o talleres. Pero había que pensar también a futuro, pensamos en un centro profesional no solo por nuestro perfil sino por nuestra calidad de trabajo. Entonces ideamos un centro profesional indígena porque esa es nuestra identidad”, cuenta Juan Carlos, ahora abogado penalista y experto en Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.
Esos estudiantes tenían algo en común: eran hablantes de una lengua indígena, estudiantes de Derecho y como casi todos los estudiantes indígenas del país, habían enfrentado adversidades para llegar a la Universidad, unos más otros menos. Además, fueron conscientes de que, si bien en ese momento algunos ya eran intérpretes, con su formación como abogados y capacitaciones podían ser asesores, defensores y traductores. De esa manera fue surgiendo el nombre de su colectivo y en noviembre de 2005 pudieron consolidarse como Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet).
Su trabajo fue creciendo. Hoy concentran su labor en la interpretación y traducciốn de español a lenguas indígenas en el ámbito público y privado; establecen alianzas, redes y observatorios con otras ONG’S, trabajan en la profesionalización de servidores públicos en derechos indígenas y en la formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, además de difundir los derechos lingüísticos y organizar talleres con autoridades estatales y comunitarias.
Incidencia en la formación de intérpretes
La profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana Cristina Victoria Kleinert, especialista en educación intercultural, traducción e interpretación, considera que en el país pocas organizaciones civiles realmente tienen la incidencia que tiene este colectivo de profesionales.
Ella ha colaborado con ellos desde hace algunos años. En 2019 realizaron de manera conjunta con un grupo de académicas de universidades estadounidenses y canadienses, una (des) conferencia con más de 100 intérpretes que llegaron a Oaxaca.“Para mí es un privilegio, siempre es muy enriquecedor trabajar con ellos. Han estado vigentes haciendo en gran parte el trabajo que le correspondería al Estado”
La profesora universitaria destaca dentro de las obligaciones del Estado el proporcionar intérpretes para el acceso a cualquier servicio público, no solo a la justicia, también a la salud, a la educación, a la administración, pero no lo están haciendo, dice, y están lejos de poder cumplir, aún cuando está en la constitución y antes en el convenio 169 de la OIT.
“Gran parte de esas acciones se realizan gracias a asociaciones como Cepiadet, que es líder entre estas, porque hay algunas otras, pero ninguna tiene 20 años y la experiencia de establecer convenios con instituciones, además de tener un padrón amplio de intérpretes, que no solo están en Oaxaca, también en otros estados de la República, y la capacidad de dar el servicio de interpretación a Estados Unidos donde connacionales necesitan enfrentar un juicio”
«Aunque existe un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, el Panitli, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nunca está realmente muy actualizado y el acceso es complicado», apunta. «Y cuando se les paga a los traductores, —porque a veces las instituciones dicen que no hay presupuesto—, los tabuladores son dispares».
Cristina Kleinert es puntual en sus comentarios, dice que hasta que no cambiemos el chip de que vivimos en un país plurilingüe y organicemos todo el Estado de manera plurilingüe, seguirá pasando este tipo de injusticias, por eso reitera es fundamental el trabajo de Cepiadet como parte de la Red Nacional de Traductores. Además, destaca, “gracias a ellos, algunos servidores públicos y actoras o actores del sistema de justicia reciben una formación en el tema de interculturalidad y derechos indígenas”.
Diálogos entre justicias
San Andrés Chicahuaxtla (izquierda) y Santiago Quiavicuzas, Oaxaca. (Derecha)
La sinergía de Cepiadet tanto con autoridades comunitarias como estatales, ha permitido resolver en conjunto problemas en el ámbito de la justicia que quizá de manera aislada hubiera sido imposible. Un ejemplo de eso, es el caso de San Andrés Chicahuaxtla, donde una familia reclamaba a la autoridad una indemnización por más de medio millón de pesos.
El exagente municipal, Fausto Sandoval Cruz explica que el problema ocurrió en 2022: una persona en estado de ebriedad fue detenida por agredir al agente municipal, lo llevaron a los separos y ahí se quitó la vida. Los familiares denunciaron ante el Ministerio Público una presunta omisión, concretamente señalaron que la Policía Comunitaria no le quitó las agujetas de las botas con las que se suicidó y pidieron la indemnización, a pesar de que bajo su sistema normativo, habían llegado a un acuerdo con la autoridad municipal.
Cepiadet trabajó en la defensa y en 2023, el juez determinó que al tener el Estado una composición pluricultural los argumentos del MP no se sostenían, y que debió investigar el contexto bajo los principios del sistema normativo la responsabilidad del policía comunitario imputado y no como integrante de la Policía del Estado, por lo que éste fue liberado de la responsabilidad.
Años atrás, en Santiago Quiavicuzas, Oaxaca, una persona fue detenida cuando transportaba en su camioneta a varios centroamericanos, fue acusada de tráfico de indocumentados, fue procesada y sentenciada sin el auxilio de un defensor ni traductor. El caso sentó precedente en materia jurídica, debido a que el juez declinó la competencia a favor de la comunidad.
El magistrado Rubén Paulo Pérez Ruíz, quien dictó la declinación, explicó: “se revocó la sentencia condenatoria y se ordenó reponer el juicio, hasta antes del auto de formal prisión, a fin de que un juez de distrito declinara la competencia a favor de las autoridades tradicionales de la comunidad a la que pertenecía el inculpado”, es decir para que se resolviera desde su asamblea, el máximo órgano rector en una comunidad.
Para apuntalar su resolución, el juez se reunió con autoridades comunitarias, servidores públicos, académicos y abogados de Cepiadet. La opinión consultiva de ellos fue clave, así como los aportes de los usos y costumbres de los representantes de Quiavicuzas. El caso fue resuelto el 23 de septiembre de 2013. Fue el primero de Declinación de Competencia en México y probablemente en América Latina. Desde esa fecha han habido al menos 10 casos más en los que Cepiadet ha participado directa o indirectamente.
Dos décadas de servicio por una justicia inclusiva
Por su trabajo ininterrumpido durante 20 años, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) recibió el premio por la Igualdad y la No Discriminación 2024; su labor comprometida en la defensa de los derechos de las personas y los pueblos indígenas y su contribución en la construcción de un sistema de justicia más inclusivo, es un referente en el país.
Integrantes de Cepiadet y presidente del Consejo Directivo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Pero a lo largo de estos años, no solo ha sido una apuesta por el bien común, también sus integrantes han logrado trascender académica y profesionalmente. La asociación, ahora presidida por Tomás López Sarabia, ha respaldado a estudiantes indígenas para participar en posgrados internacionales.
A la distancia, Juan Carlos Morales López, el primero en presidir Cepiadet, recuerda que si bien no había un objetivo mental, tenían claro que no querían promover el folclore: “Ahora hablan de los indígenas, se ponen las guayaberas, el huipil, y puede ser relevante para la imagen, pero esa práctica puede promover la idea de que solamente es indígena el que usa huaraches. Y no es así, usar un traje no significa renunciar a nuestra identidad, tenemos que ser claros, el indígena puede traer un carro del año sin dejar de ser indígena, no siempre lo indígena tiene que estar relegado”.
«A pesar de que mucha gente habla de ‘lo indígena’, sigue quedando lejos del tema del Derecho: Es donde nosotros tratamos de poner el dedo en la llaga”.
Aunque él y otras personas fundadoras como Norma González Jiménez, se desempeñan ahora en otros espacios institucionales, tiene claro que algo importante en el surgimiento de Cepiadet es que había un ideal en común que se ha sostenido con el tiempo. “Ese ideal tiene que ver con nuestros orígenes y cómo nos ha ido en la vida. Ser activista, porque nos consideramos activistas de derechos humanos, a veces es motivado por alguna circunstancia o experiencia de vida que nos marca y nos impulsa a hacer algo”.
“Yo creo mucho en esta circunstancia de naturaleza que nos une, si seguimos nuestro ideal y le hacemos caso a nuestro corazón, es una brújula para el “éxito”, entendiendo este no solo económico, material, sino como una realización personal. Entonces, eso ocurre con Cepiadet. Todos los que han sido parte lo han hecho siempre con pasión, con sentido de identidad, creo que esa es la clave”, concluye.