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La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó este lunes la sentencia de libertad dictada a Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del gobierno municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, acusado de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
Jhoan Ricardo Matus Marcial había sido sentenciado a 50 años de prisión por la desaparición de la activista y defensora de derechos humanos, pero quedó en libertad por decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo en Oaxaca que el 21 de agosto de 2025, le otorgó libertad al considerar insuficientes las pruebas.
Sin embargo, el Pleno de la Corte avaló el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, quien propuso revocar el fallo y ordenar que se dicte una nueva sentencia, debido a que los juzgadores no tomaron en cuenta los estándares y parámetros requeridos.
En estos casos, indicaron los integrantes del Pleno, se deben incorporar un enfoque diferencial que considere las características particulares de la víctima, especialmente, si se trata de una mujer defensora de derechos humanos— como el caso de Claudia Uruchurtu, quien había denunciado desvío de recursos de la ex presidenta municipal de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta—, por el riesgo agravado que enfrenta, no solo por su género sino por su actividad.
Después del análisis, las ministras y ministros señalaron que en este caso se ignoraron los riesgos que enfrentan las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos.
“Las personas juzgadoras deben llevar a cabo un examen especial y diferente al juzgar este delito de desaparición forzada”.
Esta tarea, coincidieron, debe incluir el análisis de la prueba circunstancial y el contexto en el cual se cometió la desaparición, es decir, el juzgador debe analizar aquellas pruebas físicas, comportamientos o testimonios indirectos que requieren una interpretación para vincular al acusado con el delito.
También dejaron claro que juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación y se pronunciaron por el proyecto a favor de la familia de Uruchurtu, que impugnó la liberación del ex funcionario, señalado —junto con la expresidenta municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta y otras personas— como responsable de la desaparición de la activista, ocurrida el 27 de marzo de 2021.
Además, ordenaron devolver el asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo para que realice un escrutinio judicial especializado y emita de esta manera una nueva decisión conforme a Derecho.
Para la familia Uruchurtu Cruz, que por más de cuatro años ha luchado por justicia, este es un paso más para alcanzar la justicia, verdad y reparación.
Queda en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, dictar una nueva resolución apegada a los criterios que fueron establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras esto ocurre, la familia deja claro que no descansará en seguir buscando a Claudia Uruchurtu y exigiendo que no quede impune su desaparición forzada.
