Entre las víctimas 10 son empleados de Vizsla Silver, personal de seguridad privada y cuatro más de la empresa CICAR S.A. de C.V, entre ellos el joven oaxaqueño Pablo Osorio
Caso Pablo Osorio
Pablo Osorio Sánchez es originario de Tlaxiaco, Oaxaca “fue levantado” cuando esperaba el transporte público en el tramo carretero de la súper carretera a Villa Unión Durango, mientras hablaba por teléfono con su novia, quien vive en Oaxaca.
Pablo laboraba en la empresa CICAR A.C, en Sinaloa. De acuerdo con la información obtenida hasta ahora con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.) tres compañeros también fueron desaparecidos.
Ese mismo día, un grupo armado irrumpió en el campamento de la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia y al menos diez trabajadores de dicha empresa, con sede en Vancouver, B.C y que realiza trabajos en Sinaloa desde el año 2024, fueron desaparecidos.
La madre del joven oaxaqueño, Socorro Sánchez intentó poner la denuncia en la Fiscalía de Tlaxiaco, Oaxaca, sin embargo su solicitud fue rechazada inicialmente, pero ante la insistencia fue recibida 24 horas después y le indicaron que debía ir a Sinaloa. La Fiscalía de Oaxaca por su parte, responde que no tiene facultades legales para investigar el caso, por que la desaparición se registró en otra jurisdicción.
Ante la falta de recursos, su madre solicita a las autoridades de ese estado trabajen en su búsqueda y ha iniciado una colecta para poder trasladarse a la Ciudad de México, a pedir la intervención de la Secretaría de Gobierno y a Sinaloa para contactar a las autoridades locales.
Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), advierte que el motivo podría ser el reclutamiento de mano de obra calificada, profesionales por parte de grupos criminales. «Tengo conocimiento de otros casos, sin embargo parece que los ministerios públicos de la Fiscalía tienen una política de ocultar el reclutamiento».
“Es una realidad (en el país) a pesar de que las autoridades no lo quieran admitir»
Estas desapariciones han generado preocupación nacional e internacional por la posible colusión entre agentes estatales y grupos criminales en la zona, pues en el municipio de La Concordia, se registra una fuerte presencia del crimen organizado y desplazamientos forzados de comunidades, desde hace ya por lo menos 20 años.
La Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en su informe 2025 señala:
En la zona serrana de ese estado tiene el 33% de su territorio concesionado a proyectos de extracción minera. Los municipios de San Ignacio y Concordia han experimentado una ola de desplazamientos por estos proyectos en los que participan grupos criminales.
“Ningún gobierno estatal o federal interviene de manera efectiva en el combate contra el crimen organizado, al contrario, el crimen organizado tiene el control de estados del norte de México, incluido el estado de Sinaloa”, agrega el defensor Maurilio Santiago.
ONU emite exhorto al Estado mexicano
Ante la inacción del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y la familia de Pablo Osorio Sánchez, recurrieron a instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El día 2 de febrero de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió la Acción Urgente No. 2220/2026, solicitando al Estado Mexicano implementar una estrategia integral e inmediata de búsqueda e investigación, con cronograma y plan de acción, explorar todas las hipótesis, incluyendo la posible participación de agentes estatales y coordinar la búsqueda de Pablo Osorio Sánchez con la de sus diez compañeros desaparecidos.
Aunque la acción urgente fue registrada a nombre de Pablo Osorio Sánchez, conforme a la solicitud de la Cedaphi, el Comité también hace referencia a la desaparición de Saúl Alberto Ochoa Pérez, José Antonio Jiménez Nevares, Antonio esparza, José Castañeda, Ignacio Salazar, Javier Vargas, Javier valdes, Antonio de la O, Francisco Jesús Aguilar Pérez y Miguel Tapia.
El Comité subrayó que las autoridades mexicanas deben informar sobre las medidas adoptadas a más tardar el 16 de febrero de 2026, y mantener la colaboración hasta esclarecer la suerte y paradero de las personas desaparecidas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en la conferencia del 30 de enero que fuerzas federales y estatales investigan la desaparición de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano. Aseguró que no van a parar en la búsqueda y admitió que en la zona opera la célula delictiva Los Chapitos.
«Por los primeros reportes que tenemos, no había habido una amenaza o afectación directa a esta empresa. En esta área opera la célula de Los Chapitos, tenemos identificado al líder y también estamos en su búsqueda»
Hasta el momento, las familias de los desaparecidos, entre los que se encuentran ingenieros originarios de Oaxaca, Zacatecas y Sonora, no han recibido información de las autoridades federales. Maurilio Santiago adelanta que este jueves se organizan para iniciar algunas acciones a nivel internacional.
