Senado aprueba reforma para crear la primera Ley General de Feminicidio en México
El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que permitirá la creación de una Ley General de Feminicidio en México.
Con 109 votos a favor, el pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de establecer criterios homogéneos en todo el país para combatir este delito.
La propuesta, que fue enviada al Senado el pasado 31 de marzo, avanzó sin votos en contra y ahora será turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
De ser aprobada en su totalidad, permitirá al Congreso de la Unión expedir una legislación general que unifique la forma en que se previene, investiga y sanciona el feminicidio en México.
Durante la discusión, legisladores coincidieron en que el actual sistema presenta una falta de unidad en la legislación entre entidades federativas, lo que ha generado diferencias en la tipificación del feminicidio y en las sanciones aplicables.
La falta de uniformidad ha dificultado una respuesta coordinada por parte de las autoridades y, en algunos casos, ha contribuido a la impunidad.
La reforma busca corregir estas inconsistencias al establecer las bases para una legislación general que obligue a todas las autoridades a actuar bajo los mismos estándares.
Homologación de criterios en el país
Con esta modificación constitucional, el Congreso podrá definir parámetros mínimos obligatorios para todas las entidades. Entre ellos se incluyen la tipificación del delito, las agravantes, las sanciones y los protocolos de actuación.
Senadoras y senadores destacaron que esto permitirá que cualquier caso de feminicidio sea investigado bajo criterios similares, independientemente del lugar donde ocurra, lo que representa un paso hacia una justicia más equitativa.
Otro de los objetivos centrales es garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
La futura ley también contempla fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar los estándares de investigación con perspectiva de género.
Además, se plantea que las fiscalías deberán actuar de manera homogénea y transparente, lo que contribuiría a reducir los márgenes de discrecionalidad en la investigación de estos delitos.
Atención integral a víctimas y menores afectados
La iniciativa también pone énfasis en las consecuencias sociales del feminicidio. En particular, se busca atender a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad, quienes enfrentan afectaciones emocionales, económicas y sociales.
La legislación prevé garantizarles acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicológico y mecanismos de reparación del daño, reconociendo la obligación del Estado de brindarles protección reforzada.
Sobre su implementación
A pesar del respaldo unánime, legisladoras de oposición advirtieron que el éxito de la reforma dependerá de su correcta aplicación
Señalaron que de poco servirá una nueva ley si las autoridades no garantizan su cumplimiento ni atienden de manera efectiva a las víctimas. También resaltan la necesidad de que la legislación coloque en el centro a las mujeres y no se limite a un cambio normativo sin impacto real en la reducción de la violencia feminicida.