En el último día de actividades, antes de salir de vacaciones, magistrados y magistradas de Oaxaca resolvieron mantener su decisión de dejar en libertad al ex asesor jurídico del gobierno de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Johan Matus Marcial, involucrado en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, desacatando a la Suprema Corte de Justicia.
En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia emitió un dictamen pidiéndole al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo en Oaxaca revisar la decisión de dejar en libertad a Johan Matus Marcial, ex asesor jurídico del gobierno de Asunción Nochixtlán, Oaxaca considerando estándares internacionales, la perspectiva de género y la calidad particular de Claudia Uruchurtu como defensora de derechos humanos.
Después de varios meses, finalmente este Tribunal discutió el caso de Claudia Uruchurtu y el 17 de julio de 2026, el último día de trabajo antes de iniciar el periodo vacacional, los magistrados y magistradas confirmaron su decisión y notificaron a la familia el 22 de ese mismo mes.
Esta práctica para la familia resulta común en el caso, debido a que los magistrados usaron la misma estrategia cuando determinaron liberar a la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, también implicada en el caso.
En entrevista exclusiva para oaxaca.media, Elizabeth Uruchurtu, hermana de la activista, declaró que la resolución le resulta casi inverosímil, porque, dice, no existe un precedente en el estado de que una corte menor desacate las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima autoridad en materia judicial y constitucional del país .
Cuando la Suprema Corte emitió su resolución nos dio un poco de ánimo y de esperanza, porque obviamente al solicitar esta valoración reforzada como ellos lo llaman, considerando el contexto en el cual se dieron los hechos de la desaparición de Claudia, las propias características de este delito, la perspectiva de género y la perspectiva como defensora, nos parecía que era un paso que podía ser como un referente para otros casos.
Para Elizabeth esta actuación del tribunal refuerza la idea de que existe en Oaxaca un “cerco de impunidad y corrupción” que no se acaba.
“Esta decisión responde a intereses políticos, siempre ha sido muy evidente la mano del gobernador detrás de todo esto, el estar defendiendo a una exedil que él mismo puso en esa posición. Es muy claro que es intervención del ejecutivo en materia judicial, en cada uno de los pasos que hemos dado en términos del proceso, siempre ha habido esta intervención, otros intereses que no que no atienden y no responden a la impartición de justicia”.
Los asesores jurídicos de la familia Uruchurtu señalan que los magistrados no revisaron los criterios de fondo que la Suprema Corte definió el 9 de febrero de este año y analizan los recursos de inconformidad.
