El costo del autoengaño
Spoiler, la propaganda oficial ya no funciona
La denuncia interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la secretaria de Turismo, Saymi Adriana Pineda Velasco, y la directora general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), Vania Rosalía Bautista Cruz, reactiva el debate histórico en Oaxaca sobre el uso ilegal de las estructuras y presupuestos públicos para alimentar proyectos políticos personales.
La acusación por el uso indebido de recursos públicos destinados a la promoción personalizada no es una práctica nueva en la política local, pero no por frecuente deja de ser deleznable.
Hoy presenciamos cómo la llamada «nueva clase política» —a la que pertenece la titular de Turismo— recurre a artilugios digitales como el podcast institucional «Oaxaca de Corazón» u otros formatos digitales para su promoción. Una práctica que no solo constituye un delito sancionable, sino que —spoiler— por su nulo impacto real ya están en total desuso.
Son formatos que repiten el esquema propagandístico de las décadas de los 70, 80 y principios de los 90 sostenidos con dinero público, donde la misión institucional, educativa o de orientación social de CORTV como medio público, es desplazada por una recurrente exposición individual que no rinde cuentas, no maximiza las acciones de gobierno ni hace más eficientes las tareas del Estado.
En esta insistencia por construir una legitimidad, «conectar» con la ciudadanía y moldear su propia narrativa sin el filtro de los medios de comunicación —o con la complicidad de algunos—, esta «nueva clase política» subestima a la gente. Asumen, erróneamente, que el pueblo carece de información o criterio político. Ejemplos hay muchos. Saymi Pineda es la más estridente porque al no tener ningún freno por parte del Ejecutivo, sus acciones resultan completamente evidentes.
Por eso, en el documento presentado ante el INE, la dirigencia de Movimiento Ciudadano reactiva la denuncia, ya que estos actos de promoción cuando incluyen nombres, imágenes, voces o símbolos que exaltan la figura de un servidor público, están prohibidos por en el artículo 134 de la Constitución Mexicana.
En un estado con agudas desigualdades, desde luego resulta ofensivo que se financien cámaras, reels y entrevistas en lugar de atender demandas comunitarias prioritarias.
La clase política en turno ha dejado de escuchar, asumiendo que su voluntad está por encima de todo. Al olvidar las necesidades de la comunidad a la que gobiernan, terminan enfrentándose, primero, al juicio de las redes sociales, a la crítica y al desprecio.
Quienes guían la estrategia política en el estado se equivocan al suponer que los votos se aseguran con narrativas impuestas, dinero, clientelismo, bajo la falsa premisa de que los sectores más vulnerables no analizan su desempeño. El autoengaño en política se paga caro: con el desgaste, el descrédito y la sanción en las urnas. Ya lo vimos en la revocación de mandato.
