¿Cómo vivimos las juventudes en Oaxaca? Diagnóstico 2026 revela crisis de violencia, salud mental y desconfianza institucional
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Por Héctor Sandoval
Con 750 mil jóvenes entre 18 y 29 años, que representan el 18.2 por ciento de la población del estado, Oaxaca enfrenta un panorama donde la violencia familiar, la falta de atención en salud mental y la inseguridad en la movilidad marcan la vida cotidiana de sus juventudes.
Así lo documenta el diagnóstico ¿Cómo vivimos las juventudes en Oaxaca? 2026, publicado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, a partir de una encuesta a jóvenes de 57 municipios y trabajo de campo en centros de reinserción social y encuentros comunitarios.
Violencia en casa y en la calle
El dato más contundente: el 79.1% de las personas encuestadas reportó haber experimentado algún tipo de violencia, siendo la psicológica la más frecuente con 60.4%.
Contrario al imaginario de la inseguridad en el espacio público, el principal espacio donde ocurre es el hogar, con 33.6%, seguido por la escuela con 16.4% y los espacios digitales con 11.2%.
El 87.3% considera que la violencia está normalizada en la sociedad y el 71.6% reconoce que afecta directamente su salud mental.
En materia de violencia de género, el informe registra 1,447 desapariciones de mujeres y 344 feminicidios durante el sexenio de Salomón Jara Cruz, con corte al 14 de agosto de 2026.
En ambos casos, Valles Centrales ocupa el primer lugar y el grupo más afectado son mujeres jóvenes de 18 a 29 años.
Salud mental: conocen, pero no acceden
Oaxaca cuenta con apenas 1.2 psicólogos por cada 10,000 habitantes, muy por debajo de la media nacional. El diagnóstico señala que más del 60% de las personas con algún trastorno mental no recibe atención especializada.
El 50.7% de los jóvenes identifica el factor económico como principal barrera para acceder a servicios. A esto se suma el estigma y la falta de pertinencia cultural y lingüística en comunidades indígenas.
Moverse con miedo
La movilidad es otro punto crítico. El 64.2% no considera que pueda caminar de forma segura por las calles que necesita transitar y 77.6% evita horarios o lugares por razones de seguridad.
Aunque el 61.9% utiliza el transporte público como medio principal, solo el 17.2% lo considera seguro, frente al 59.7% que prefiere el vehículo particular. El 64.7% ha experimentado violencia o acoso al trasladarse.
Desconfianza que desmoviliza
El diagnóstico propone el concepto de desigualdades acumuladas: ser mujer, indígena, con discapacidad, de comunidad rural y en situación de pobreza multiplica las barreras. A ello se suma la debilidad institucional.
El 78.4% de los jóvenes no confía en que las instituciones actúen de manera ética para detener la violencia. Se identifica como consecuencia la desmovilización cívica: cuando acudir al Estado no produce respuesta, las juventudes dejan de verlo como interlocutor y buscan apoyo en redes entre pares.
De hecho, las propias juventudes consultadas no piden más presencia policial, sino tres cosas: pláticas y psicoeducación desde la niñez, atención psicológica gratuita y espacios seguros de acompañamiento entre pares.
El estudio reconoce limitaciones en representatividad, especialmente de hombres, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y juventudes de municipios alejados de Valles Centrales, pero sostiene que marca tendencias claras para diseñar políticas con enfoque interseccional y pertinencia cultural.
