Más de trescientas personas y ciento quince agrupaciones de la sociedad civil suscribieron el domingo 28 de enero un documento titulado “Pronunciamiento sobre la detención de activistas oaxaqueñxs”, que emitieron las agrupaciones sociales Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëme, Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente y La Campamenta.

El documento exigió al Fiscal José Bernardo Rodríguez Alamilla la liberación inmediata de Filadelfo Aldaz Deciderio, Sergio Andrés Céspedes Fernández, Ricardo Martínez Contreras y Antonio Díaz Miramón, activistas de derechos humanos que fueron arrestados de manera arbitraria y con uso excesivo de la fuerza por la Policía Estatal de Oaxaca.

En su documento, las tres agrupaciones sociales denunciaron que estos activistas por los derechos humanos fueron indebidamente arrestados de manera violenta “mientras ejercían su derecho legítimo a la protesta en una calenda en el Centro Histórico de Oaxaca contra la gentrificación y el despojo extranjero”. El documento añadió que los detenidos permanecían incomunicados, y sus compañeras y compañeros desconocían la situación en que se hallaban.

En el mismo documento público, las tres agrupaciones manifestaron su preocupación por la información que recibieron sobre el trato inhumano que estaban recibiendo sus compañeros detenidos, incluyendo violencia psicológica, amenazas de agresión y torturas, privación de alimentos y de agua, sin dar cumplimiento al protocolo de detenciones.

“Este tipo de acciones atentan contra sus derechos humanos y son inaceptables en un Estado que debería garantizar la integridad y dignidad de todas las personas”, puntualiza el comunicado que emitieron conjuntamente el 28 de enero último las agrupaciones Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëme, Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente y La Campamenta.

Por la mañana del lunes 29 de enero, en la conferencia del gobernador Salomón Jara ante medios informativos, el secretario de gobierno José de Jesús Romero López intervino para aseverar: “No se vulneró ningún derecho humano de las personas detenidas, absolutamente ninguno. Siempre se han respetado todas las marchas, todas las movilizaciones. En Oaxaca no ha habido una sola represión. Las detenciones fueron consecuencia de las acciones que cometieron”.

Aún más, reviviendo el lenguaje de Josef Stalin (dictador que entre 1924 y 1953 oprimió a los habitantes de la Unión Soviética), Romero López expuso: “Lo digo a las compañeras, compañeros y compañeres, como se denominan de estos movimientos que luchan contra la gentrificación y estas acciones: la crítica y la autocrítica revolucionaria es fundamental. ¿Por qué no reconocen estas acciones?”

El resto del discurso del secretario de gobierno recordó los fallos con que los fiscales de Stalin condenaban a labores forzadas en campos de concentración a miles de ciudadanas y ciudadanos tachados de contrarrevolucionarios: “No hubo ninguna acción de la policía estatal (y después con el apoyo de la policía municipal) que vulnerara los derechos humanos. Fueron detenciones en flagrancia. Hay un seguimiento de las imágenes. Ha habido muchísima tolerancia, mucho respeto a la libre manifestación, pero esto fue ya un exceso y la decisión fue que los cuerpos de seguridad tomaran el control y pusieran cierto orden”.

Mientras el secretario Romero López proclamaba su ukase, 19 organizaciones de la sociedad civil denunciaron: “En la madrugada del pasado 27 de enero fueron detenidas arbitrariamente nueve personas defensoras del territorio de la comunidad de Santa María Mixtequilla bajo la acusación de un presunto robo de una patrulla de la policía municipal en el marco de las protestas que realiza la comunidad ante la imposición de un ‘Polo de Desarrollo’, como parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico”.

“Al día siguiente, se reportó la presencia de decenas de policías estatales, elementos de la Marina y la Guardia Nacional en la comunidad, lo que habitantes denuncian como actos de intimidación que buscan frenar la movilización comunitaria”, agregaron las 19 organizaciones denunciantes.

Gentrificación impugnada

Una marcha convocada el sábado 27 de enero de este año para protestar contra el fenómeno de la gentrificación que afecta a la capital y otras poblaciones de Oaxaca, fue el pretexto que utilizó la Policía Estatal de Oaxaca para cometer la violenta detención de seis activistas de derechos humanos que participaron en esa manifestación y estaban a punto de retirarse del zócalo de la capital oaxaqueña.

El comunicado que difundieron La Comedora Comunitaria, la Colectiva Jurídica y La Campamenta omitió señalar que en la arbitraria acción policiaca también fueron detenidas sin causa justificada Nizayeejh Chávez Chávez, abogada de la Cojudidi, y Meztli Hernández, de La Campamenta, quienes acudieron como observadoras a la manifestación. Estas activistas fueron liberadas después de pasar más de doce horas detenidas en las instalaciones de Ciudad Judicial, con el amago de que continúan bajo proceso judicial.

Sin embargo, Filadelfo Aldaz Deciderio, Sergio Andrés Céspedes Fernández, Ricardo Martínez Contreras y Antonio Díaz Miramón continuaron detenidos hasta la tarde-noche del 29 de enero, cuando al fin los dejaron salir de Ciudad Judicial.

En un video del operativo policiaco durante la detención, no se aprecia ningún daño a inmuebles, pues el violento arresto ocurrió en la plancha del zócalo. Solamente se observa un uso excesivo de la fuerza policiaca cuando varios uniformados sometieron a Filadelfo Aldaz, quien, tirado en el suelo, pedía auxilio y gritaba ser defensor de derechos humanos mientras cuatro policías estatales con armas largas lo forzaban a permanecer de bruces en el piso.

En el video también se ve a la abogada Chávez Chávez y a Ricardo Contreras sometidos por policías, aunque la profesionista señala que es observadora de derechos humanos. En un momento de la grabación, se oye a Filadelfo Aldaz, agredido por los policías, pedir la ayuda de la abogada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un comunicado a medios informativos, acusó a los detenidos de causar destrozos en comercios durante su marcha. Sin embargo, la autoridad realizó el cuestionable operativo de detención cuando la marcha había concluido y los detenidos se retiraban del espacio público.

El domingo 28 de enero, integrantes de La Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëme informaron que las defensoras Yesica Sánchez y Erika Lilí Díaz Cruz fueron obstaculizadas por las autoridades en sus intentos de proporcionar asistencia legal a las personas detenidas el día previo.

En cuanto a la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, integrantes de La Comedora Comunitaria indicaron que el personal de esa institución se limitó a manifestar que habían verificado que las personas detenidas no habían sufrido daños visibles en su integridad física.

Por su parte, en su proclama del lunes 29 de enero, el secretario Jesús Romero López se permitió reconvenir a la DDHPO: “No hemos tenido notificación de la Defensoría de Derechos Humanos formalmente, y también debiera acompañarlos [a los detenidos], no sólo en estos casos. Tuvimos casi 250 personas retenidas en el cuartel de la seguridad pública. No llegaron [los integrantes de la DDHPO]. No se trata de una situación de confrontación con la Defensoría, pero debe estar en todos los lugares donde haya derechos humanos violentados en Oaxaca. Aquí no se violentaron”.

Ante la exigencia ciudadana, la violencia autoritaria

Las integrantes de La Comedora que proporcionaron información sobre la detención de sus compañeras y compañeros, expresaron su temor por la integridad física de las personas arrestadas, pues señalaron que además del arresto injustificado en la manifestación del 27 de enero, quienes integran su agrupación han sufrido hostigamiento desde que recientemente participaron en una marcha en la capital oaxaqueña en solidaridad con el pueblo palestino.

El temor de las integrantes y los integrantes de La Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëme parece fundado, si se tienen en cuenta recientes actuaciones policiacas que evidencian la intolerancia de las autoridades estatales hacia demandas justas de la ciudadanía.

La violenta intervención de la policía estatal el sábado 27 de mayo para reprimir la manifestación en protesta por el fenómeno de gentrificación que afecta a Oaxaca, se suma a otra reciente acción represiva llevada a cabo por la policía estatal el 10 de enero de este año, para “proteger” de una manifestación ciudadana a una cafetería ubicada en la calle de Hidalgo, señalada por actos de discriminación contra personas de origen mexicano. La manifestación civil no pudo realizarse debido al despliegue de elementos policiacos.

En su comunicado conjunto del 28 de enero, las agrupaciones manifestantes explican: “La gentrificación es una amenaza para la diversidad cultural y la identidad de las comunidades locales, nos despoja de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales. Este proceso viene acompañado de un aumento significativo en los costos de vida y la distribución injusta de la riqueza, afectando únicamente a los habitantes locales de menores ingresos, a quienes la vida se les vuelve incosteable”.

“Las personas más precarizadas nos hemos visto obligadas a abandonar nuestros hogares, perdiendo conexiones históricas y culturales con el lugar donde crecimos y que por derecho nos corresponde. El Gobierno de Oaxaca no tiene la capacidad de crear políticas que respeten y protejan la diversidad y la historia arraigada en cada rincón de nuestras ciudades, y estamos a merced de los extranjeros”, concluyen las agrupaciones sociales.

El problema de encontrar vivienda digna a precios accesibles en la capital y zonas conurbadas de Oaxaca crece sin que las autoridades impidan ese perjudicial fenómeno. En cambio, sus medidas parecen encaminadas a fomentar la voracidad y las acciones discriminatorias de comerciantes y arrendatarios.

Tanto las autoridades estatales como municipales demuestran un gran empeño en contribuir al fenómeno de la gentrificación en Oaxaca, el cual desplaza de viviendas y servicios en la capital y otras comunidades a ciudadanas y ciudadanos que, por sus escasos ingresos económicos, no tienen posibilidad de satisfacer las altas tarifas que imponen propietarios de viviendas y servicios turísticos en Oaxaca.

Y si la ciudadanía intenta protestar en manifestaciones que demandan a las autoridades poner un alto a los abusos en materia de alquileres y servicios turísticos, la represión y la cárcel resultan ser la respuesta oficial.