Se cumplieron tres meses de la desaparición de Roxana López Martínez, una joven triqui, originaria de San Martín Itunyoso, en la región Mixteca. La última vez que la vieron fue el 20 de febrero, presuntamente en casa de su novio Dagoberto López Díaz. Hasta el momento las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca no reportan avances.
Las autoridades señalan que es una desaparición por particulares, pero la familia de Roxana afirma que es una desaparición forzada, presuntamente, porque están involucradas personas con poder, con cargos públicos.
Hay temor en la familia. Una de las personas testigos principales en el caso está resguardada.
“Sabemos quiénes son los involucrados en la desaparición, pero estamos resguardando la seguridad de la familia”
Miguel Cruz Moreno del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), organización que acompañan a la familia para exigir la búsqueda de Roxana.
El activista cuestiona la actuación de la Fiscalía del estado, “las personas tienen poder, la misma Fiscalía cuando realizó el cateo el 9 de abril vio la resistencia, encontró un grupo armado. Lo que no entendemos es porqué sí ellos tienen esos elementos, si lo vieron cuando fueron a realizar el cateo porque no han generado las órdenes de aprehensión en contra de esas personas”
Sobre los trabajos de la Fiscalía tanto familiares como integrantes de CIPO han acusado retrasos en la investigación, incluso en las acciones que realizaron en el mes de abril, dicen, la Fiscalía se tardó más de 20 días para generar las condiciones para el cateo. “Nos pidió un plazo para generar mejores condiciones en la investigación”
Miguel Cruz Moreno dijo que en otros casos despliegan tecnología, todo un sistema de comunicación e inteligencia y en el caso de Roxana solo les piden esperar.
“Implementan una serie de acciones en Juchitán en el Istmo o en la Costa, van y vienen, hacen mesas de seguridad y en la zona triqui alta no han implementado ningún plan de seguridad o de paz”
¿Qué está pasando en ese municipio triqui?
San Martín Itunyoso, la comunidad donde desapareció Roxana, está ubicada en la zona conocida como Triqui Alta donde en los últimos cinco años (al menos) se han reportado graves tipos de violencias, ataques armados, multihomicidios; en la zona se habla de trata de personas, tráfico de drogas y otros delitos graves.
En los últimos años la violencia escaló a tal grado que la Defensoría emitió una alerta temprana en 2023 y pidió a la Secretaría de Gobierno, encabezada por Jesús Romero, replantear acciones pertinentes y eficaces para atender el clima de violencia que va en incremento en el Municipio de San Martín Itunyoso y que podría dar lugar a que continúe la comisión de delitos de alto impacto, así como violaciones a derechos humanos.
Lo que ocurrió fue la desaparición del ayuntamiento, en noviembre de ese mismo año, el Congreso de Oaxaca aprobó su desaparición por ausencia de gobernabilidad y el gobierno estatal nombró a Roberto Cabrera Vera como comisionado municipal, quien fue acusado por la comunidad de San José Xochixtlán, del municipio de San Martín Itunyoso, por no entregar los recursos de los ramos 28 y 33 del presupuesto federal.
Él mismo fue quien convocó a finales de 2025 a organizar las asambleas para elegir a las nuevas autoridades municipales por Sistemas Normativos Internos, aunque finalmente, en una sola asamblea se nombró a Vilgaid López Guadalupe, tío de Dagoberto López Díaz, el principal sospechoso de la desaparición de Roxana, quien actualmente se encuentra prófugo.
La violencia no ha parado en San Martín Itunyoso. Miguel Cruz Moreno afirma que han sabido que familias tras familias se han disputado el poder en esa zona, “son caciques y políticos que están metidos ahí, les decimos a la Fiscalía investíguenlos, pero se queda callada, no actúa».
Una de esas familias, afirma, es la de Vilgaid López Guadalupe, quien fue destituido el 11 de abril por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al anular la elección, pero reintegrado el 13 de mayo por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial como lo confirma la magistrada Presidenta Roselia Bustillo Marín.
¿Las autoridades están rebasadas?
El activista e integrante de CIPO considera que la Fiscalía está rebasada. “Ve a grupos armados, el edil carga guaruras y se quedan callados, se hacen a un lado con el pretexto de que no quieren generar víctimas indirectas».
Antes, en 2023, mataron a un síndico, su esposa y su hija, ellas además fueron calcinadas; después desapareció el presidente de Bienes Comunales; el 16 de abril asesinaron a una persona por impactos de bala. ¿Por qué no investigan si todo eso está relacionado o hay intereses de no agitar otra zona?