*Seis mujeres y 14 hombres integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y defensores del territorio de San Francisco Coatlán fueron denunciados ante la FGR; Cedhapi denuncia criminalización
La Fiscalía General de la República, (FGR), inició las carpetas de investigación (FED/OAX/HUA/1261/2025 y su acumulada FED/OAX/HUA/1260/2025) contra integrantes del el Comisariado de Bienes Comunales y defensores del territorio de San Francisco Coatlán por el delito de oposición a la obra pública realizada para la autopista barranca larga ventanilla con destino a Puerto Escondido, Oaxaca.
La investigación se deriva de una denuncia presentada por el representante legal de Caminos y Puentes, Federales CAPUFE por una serie de protestas realizadas por integrantes de la comunidad en 2025, para exigir el cumplimiento de acuerdos con la empresa constructora de esta autopista.
Las personas denunciadas son Cirilo Ruiz, Abel Osorio Martínez, Demetrio Bautista, Alberto Ruiz, Hermilo Jiménez Osorio, Guillermo Jiménez Bautista, Manuel Canseco Hernández, Guillermina Juárez Bautista, Felipe Jiménez V., Ubaldo Canseco J., Priscila Jiménez Martínez, Jazmín Jiménez Bautista, Marciano Bautista Juárez, Eusebio Jiménez Jiménez, Felicita Canseco Jiménez, Fernando Jiménez Venegas, Bellarmino Bautista, Victorino Ruiz Ruiz, Hilaria Jiménez Osorio e Imelda Jiménez Canseco, todas son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y de la comunidad de San Francisco Coatlán.
El conflicto tiene su origen el día 23 de marzo del 2025, en el Paraje el Limar, donde tuvo lugar un enfrentamiento entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en el cual cinco personas perdieron la vida y 11 resultaron lesionadas.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago, precisó que este enfrentamiento fue ocasionado por la falta de comunicación y cumplimiento de acuerdos de la empresa COCONAL que se había comprometido con los habitantes de San Francisco Coatlán, a permitirles la recolección de la madera talada por los trabajos en la carretera en el paraje “El Limar”.
En el año 2008 se inició la construcción de la autopista barranca larga ventanilla y se retomó en el 2020, pero fue hasta el año 2024 cuando se concluyó.
En esa fecha, el gobierno federal y estatal y la empresa Coconal hicieron varias promesas y compromisos con las comunidades que integran la región de los Coatlanes, entre ellas a San Francisco Coatlán, compromisos que, de acuerdo con el defensor, no fueron cumplidos.
Pero ni la empresa ni el gobierno del estado ni el gobierno federal informaron a las autoridades de San Sebastián Coatlán sobre este compromiso y fue así que se dio este enfrentamiento entre comunidades.
Maurilio Santiago señala que para someter a la comunidad y a sus habitantes se iniciaron estas carpetas de investigación contra Seis mujeres y 14 hombres integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y defensores del territorio de San Francisco Coatlán, personas que, dijo, defienden su territorio y sus derechos como comunidad indígena y que acatan los acuerdos de su asamblea comunitaria.
“La criminalización de defensoras y defensores del territorio en Oaxaca es un problema grave y persistente, caracterizado, por el uso del sistema penal , para hostigar , detener y desmovilizar a personas y comunidades que defienden sus tierras recursos naturales y autonomía frente a megaproyectos y actividades extractivas”, precisó.
Destaca que el uso de la fuerza pública durante las protestas es frecuente, ya sea de la Guardia Nacional o la Policía Estatal, además del hostigamiento, amenazas y estigmatización contra representantes agrarios y comunales que respetan y hacen valer los acuerdos de sus asambleas.
Junto con el Comité por la Defensa, la Justicia, la Autonomía y el Territorio de San Francisco Coatlán, Oaxaca y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) exigieron la no criminalización de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, la cancelación inmediata de las carpetas de investigación, así como respeto del gobierno mexicano a los acuerdos de Escazú.
