El Congreso del Estado aprobó una reforma para establecer que todas las instituciones públicas y privadas del estado, sin distinción de su naturaleza o giro, implementen facilidades administrativas, operativas, físicas y de accesibilidad tecnológica orientadas a las personas adultas mayores al realizar cualquier trámite, gestión o solicitud de servicio.
El dictamen con proyecto de decreto de la Comisión Permanente de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad garantiza formalmente el derecho de las personas adultas mayores a recibir procedimientos claros y rápidos mediante acompañamiento presencial o tecnológico.
La reforma plantea como beneficio social inmediato la reducción del estrés y el desgaste emocional que la burocracia institucional suele generar en esta población.
Con la aprobación de este decreto, se amplía el marco de responsabilidad a todo tipo de empresas y dependencias, las cuales deberán contar con accesos preferentes, personal sensibilizado y facilidades tecnológicas.
También se establece que las autoridades deberán asegurar que se establezcan mecanismos de accesibilidad universal, capacitación continua del personal y procesos que reduzcan las cargas administrativas y los riesgos físicos o psicológicos para las personas adultas mayores.
Al respecto, la Comisión Permanente de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad subrayó que el Estado tiene el deber ineludible de armonizar sus leyes locales con la Constitución Federal y los tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, asegurando que la atención colectiva se brinde siempre bajo condiciones de profundo respeto, claridad y protección humana.
La reforma modifica el inciso b) de la fracción IV del artículo 9 y el artículo 12; asimismo, adiciona la fracción VII del artículo 12 y la fracción VI del artículo 14 de la legislación vigente.
De acuerdo con la iniciativa impulsada por el diputado Benjamín Viveros Montalvo, del Grupo Parlamentario de Morena, las cifras oficiales respaldan la urgencia de esta modificación legal, ya que en Oaxaca habitan más de 460 mil personas adultas mayores, lo que representa el 12 por ciento de la población estatal.
Además, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) se prevé un crecimiento que superará el 15 por ciento para el año 2030.
Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) y la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías evidencian la brecha existente en la entidad, donde una de cada tres personas mayores manifiesta dificultades para realizar trámites por sí misma, y solo el 28 por ciento reporta un dominio básico de servicios digitales, situación que coloca a más del 50 por ciento de este sector en un estado de vulnerabilidad emocional y desgaste ante los procesos administrativos vigentes.
