Por Candelaria López
En marzo de 2025, apenas tres meses después de asumir las riendas de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Flavio Sosa Villavicencio habló con esta reportera de todo un poco: de cómo fue su llegada a esa dependencia, del trabajo realizado por su antecesor o los retos a enfrentar como encargado de la política cultural del estado, pero al final, una pregunta remató la conversación:
-¿Memo colabora con usted?
-¿Memo?
-Sí, Guillermo Santos
-Ah, sí, colabora conmigo
La pregunta surgió después de que Guillermo Santos fuera visto en imágenes que ilustraban actividades de la Seculta; en algunas de ellas, incluso, en representación de Sosa Villavicencio.
El tema quedó ahí. El funcionario se refirió entonces a quien desde hace varios años es pareja sentimental de una de sus hijas, como un simple colaborador.
Sin embargo, en junio de ese mismo año, en una búsqueda en el directorio de la Seculta, el nombre de Moisés Guillermo Santos Hernández apareció en él como director del Centro Cultural Álvaro Carrillo. Sí, ese espacio que en noviembre de 2022 tuviera una exclusiva “inauguración” e invitados como Carlos Slim, Alfredo Harp, Roberto Hernández y Fernando Landeros.
Aquel día, incluso, y aun cuando el inmueble no estaba terminado (como continúa hasta hoy), se presentó un programa artístico-musical que presumía un concierto-homenaje al promotor cultural Ignacio Toscano —quien se sabía tomaría las riendas del recinto, pero su deceso en enero de 2023 lo impidió— además de la participación de la bailarina mexicana Elisa Carrillo con la gala: “Elisa y amigos en Oaxaca”.
El tiempo pasó, y en medio de la polémica, el gobierno de Oaxaca ha aplazado desde entonces la reapertura del espacio por distintos motivos. Hoy, a cuatro años de la administración de Salomón Jara, el Centro Cultural Álvaro Carrillo se mantiene como el “elefante blanco” que el mandatario, dijo, le había heredado el gobierno del entonces priista —hoy morenista como él—, Alejandro Murat.
Sin embargo, pese a permanecer con las puertas cerradas, el espacio tiene (al menos en el papel) a Santos Hernández como su titular, y como tal, percibe actualmente un sueldo mensual bruto de 12 mil 570 pesos, cuando en abril de 2025 era de 9 mil 913 pesos mensuales; es decir, su salario registró un aumento de 2 mil 657 pesos (26.8 %), de acuerdo con una consulta reciente en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ventilado el caso, el pasado 21 de julio el también escritor salió al paso de tales señalamientos y en sus redes sociales negó tener “una relación de consanguineidad con el Secretario de Cultura”.
“Mi contratación en la Seculta no infringe la ley. Y creo que mis relaciones personales no son motivo de discusión pública”, señala en la publicación.
Lo que dice la ley
En el Capítulo I, artículo 4, fracción VI, la Ley Estatal de Austeridad Republicana define como nepotismo: “A la falta administrativa, estipulada en el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Mientras que en su Capítulo III, el Artículo 20 en su fracción V, precisa que las personas servidoras públicas: “Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
“El nepotismo es la figura que se actualiza en el momento en que un funcionario público de primer nivel se aprovecha del cargo para otorgar otros de menor rango dentro de su ámbito de jurisdicción administrativa a familiares cercanos hasta el tercer grado en todos los ámbitos de la administración pública; es decir, en todos los poderes del estado y los tres niveles de gobierno”, explica en entrevista el presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Oaxaca, Juan José Meixueiro Orozco.
Cuestionado recientemente sobre el caso, el titular de la Seculta insistió en que “no existe ningún parentesco legal entre ‘Memo’ y un servidor; su permanencia es absolutamente legal y efectivamente colabora con nosotros”.
“Considero una posición tanto del funcionario de primer nivel como el de menor nivel, muy ignorante, pero la Constitución también establece que la ignorancia de la ley a nadie beneficia. La ley en un Estado de derecho se cumple sí o sí”, puntualiza Meixueiro Orozco.
Luego, amplía y expone que existen tres tipos de parentesco: por consanguinidad (entre familiares, de sangre), por afinidad (a través del matrimonio, entre afines) y legal (cuando se trata de una adopción).
Parentesco por afinidad
Si hablamos del parentesco por afinidad, dice, este se adquiere a través del matrimonio, unión libre o concubinato (dos personas que hacen vida en común) y eso está ya reconocido por nuestra legislación con derechos y obligaciones.
“Y en este caso, juntando tanto el parentesco como la obligación de un funcionario público de cumplir con la ley de no corrupción, hablamos también de conflicto de interés, regulado en el artículo 109 fracción III de la Constitución. Vamos a decir que no es su yerno porque no se casó, pero es el novio de su hija. Hay un conflicto de intereses porque hay una relación sentimental dentro de su familia, y eso por supuesto que es nepotismo, corrupción, y está prohibido por la Constitución de nuestro país”.
Si bien, tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas como la Ley de Austeridad Republicana no se encuentran plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí son leyes secundarias creadas para cumplir con el mandato de esta. De ahí que la primera, por ejemplo, esté regulada en el Título Cuarto, Artículo 108 al 114 y en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas bases constitucionales se establecen en el artículo 113 de la Carta Magna, que fundamenta el combate a la corrupción en nuestro país.
Por su parte, la Ley de Austeridad Republicana —cuyo principio (no ley) de austeridad sí está establecido en la Constitución en el artículo 134, regula y detalla las medidas específicas de ahorro, recortes de gastos y prohibiciones de los funcionarios públicos.
“Entonces, el nepotismo es corrupción porque es el aprovechamiento del cargo en sus distintas formas (tráfico de influencias o beneficiarse del erario, por ejemplo), y eso merma un Estado constitucional de derecho como base fundamental de un Estado democrático”, continúa el abogado.
—¿Jurídicamente, qué podrían argumentar a su favor?
—Estrictamente, desde lo jurídico, no existe argumento a favor.
Qué se trata de tutelar aquí: el conflicto de intereses. Y no tiene un funcionario público una sola justificación para violarlo, y el consejero jurídico (del gobierno del estado, Geovanny Vásquez Sagrero) lo sabe. “Que hay una laguna jurídica y sí puede. No, no puede. Hay conflicto de interés: es la novia o el novio de su hijo o hija. No puede. No debe. Punto. Que no dice en la ley…, la ley no dice, la ley está sujeta a una interpretación y estamos hablando de conflictos de intereses, de cumplir con la esencia, la naturaleza de la norma. Te puedes encontrar mil pretextos, pero te vas a exhibir y más un abogado. Entonces no existe una sola justificación”.
Al final de la publicación antes citada, Moisés Guillermo Santos Hernández sostiene que su trayectoria personal le permite y le da derecho a trabajar “en una institución pública que busca precisamente incentivar y promover las expresiones artísticas del Estado. No me interesa la vida político-partidista. No soy un político sexenal”.
Al fondo de la imagen: Flavio Sosa y a su derecha, Guillermo Santos, en una reunión de trabajo de la SEP Oaxaca.
¿Director, asesor o ambos?
Y precisamente sobre el cargo que el también crítico de arte desempeña hoy en la Seculta, Sosa Villavicencio revela que “administrativamente tiene una dirección, pero en la práctica funciona como asesor en distintas áreas”.
—¿Cuál es esa dirección?
—No recuerdo exactamente el nombre.
—¿Lo rectificaría como director una vez que el centro Cultural empiece a operar?
—También vamos a hablarlo con el gobernador porque vamos a encontrar realmente la vocación del “Álvaro Carrillo”. Lo estamos platicando con los arquitectos (Tatiana Bilbao y Mauricio Rocha).
—Pero eso me lo comentó hace un año…
—Sí, pero en la práctica apenas están iniciando los trabajos. Y tiene que ver con presupuestos e inversión. Desafortunadamente, como son cantidades muy altas no son parte del presupuesto ordinario de Seculta y tienen que ser procesos de diálogo entre el gobernador del estado, las distintas secretarías que van a invertir, como SIC (Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones), y juntos encontrar con los arquitectos la vocación, definir qué tipo de organismo se va a establecer ahí o qué tipo de proyecto.
—¿Entonces cuándo comenzará a operar el Álvaro Carrillo?
En un par de meses sabemos exactamente, y en enero estamos trabajando allá.
