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Una nueva resolución judicial dejó en libertad al Consejero Jurídico del Gobierno Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Jhoan Ricardo Matus Marcial, acusado de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
El 21 de agosto la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, integrada por las Magistradas Sofía Altamirano Rueda, Erika María Rodríguez Rodríguez y el Juez Armando Lustre Núñez, emitió esta nueva resolución que, para la familia de la activista, echa en tierra uno de los primeros casos donde se había logrado la emisión de sentencias condenatorias contra servidores públicos municipales.
Esta determinación Uruchurtu “fortalece la impunidad y la protección de quienes ahora se encuentran en el poder cobijados en el partido de Morena”
Elizabeth y Sara Uruchurtu, hermanas de la activista desaparecida en 2021
La resolución se da para acatar la sentencia dictada por los Magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
El Tribunal Colegiado Federal consideró, en un amparo promovido por el imputado, que no existían pruebas suficientes para determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz.
Matus Marcial fue el responsable del área jurídica del gobierno municipal del Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, durante el gobierno de la morenista Lizbeth Victoria Huerta, 2019 a mayo de 2021, y fue una de las cuatro personas detenidas en 2021 junto a la presidenta de Nochixtlán, identificadas por la Fiscalía de Oaxaca como autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Uruchurtu, perpetrada el 26 de marzo de 2021.
La ex presidenta municipal de Nochixtlán también fue liberada en diciembre de 2024 por resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el cual confirmó la modificación del delito de desaparición forzada a obstrucción de la justicia y le redujo la pena.
La familia de la activista ha exigido durante más de cuatro años justicia, verdad y reparación por la desaparición de Claudia, este lunes emitieron un comunicado en el que responden a la resolución.
“Vemos con tristeza que después de todo este tiempo nada es suficiente, sobre todo cuando te enfrentas al poder fáctico del Estado, ese que controla y manipula los diversos poderes en nuestro país”.
Para la familia resulta complejo comprender que jueces, juezas, magistrados, magistradas que hoy permiten la liberación de una persona señalada por desaparición forzada no asuman la gravedad de su responsabilidad ni el papel de encubridores que desempeñan frente a uno de los crímenes más atroces y lacerantes de la sociedad mexicana. “Sus resoluciones, lejos de estar sustentadas en un conocimiento profundo del marco legal aplicable, revelan una preocupante ignorancia o negligencia”, manifestaron.
Para los abogados de la familia Uruchurtu la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, resulta inconcebible pues en tan solo 10 días el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal revisó más de 14 tomos de expedientes y analizó más de tres meses de videograbaciones de las audiencias para resolver que no había pruebas suficientes.
Caso Uruchurtu
La activista Sara Uruchurtu había documentado y denunciado irregularidades en el gasto público de esta municipalidad mixteca, bajo la administración de Lizbeth Victoria Huerta, quien posteriormente, a raíz de las denuncias fue auditada en 2021 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
La auditoría concluyó que la exedil desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto municipal a través de compras y servicios simulados en el primer semestre de su gobierno.
“No nos rendiremos», advierten familiares
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en una manifestación frente al Palacio Municipal de Nochixtlán. Esa noche desapareció. Sus últimos pasos fueron grabados por cámaras del lugar, al igual que el grito de una persona que alertaba “se llevan a una muchacha”.
Claudia sometida fue subida a una camioneta roja por elementos de seguridad del gobierno municipal y otras personas, han señalado los abogados que acompañan el caso.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora cada 30 de agosto, las hermanas de la activista alzaron la voz nuevamente como desde hace cuatro años, para denunciar la impunidad en este caso y advirtieron: “No nos rendiremos. Porque la memoria, la dignidad y el amor por quienes nos fueron arrebatados son más fuertes que este sistema judicial y político que ha demostrado ser injusto, omiso e infame. Frente a la indiferencia institucional y la complicidad del Estado, nuestra lucha persiste”
