Colectivo pide a la Corte atraer el caso de la ciclista Gabriela Soto
El colectivo Gabi Bici Blanca solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso de Gabriela Soto García, ciclista que murió en un siniestro vial ocurrido en la capital oaxaqueña en diciembre de 2020.
A través de un comunicado, el Colectivo argumenta que este caso podría sentar un precedente nacional sobre reparación integral del daño, acceso a la justicia y derechos de las víctimas viales.
El colectivo explica que el caso plantea una cuestión constitucional de relevancia, recientemente una resolución judicial 733/2025, firmada por el juez Jahaziel Reyes López, de fecha 11/05/2026 redujo de manera significativa la reparación del daño para la familia de Gabriela al considerar la capacidad económica de la persona sentenciada para determinar el monto correspondiente al lucro cesante, es decir los ingresos, oportunidades y recursos económicos que una persona deja de generar como consecuencia de una muerte o lesión.
El colectivo plantea si es posible que el derecho de las víctimas a una reparación integral depender de la capacidad económica del responsable.
Ante esta situación, la familia promovió la revisión del Amparo Directo 733/2025, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, para solicitar que la SCJN ejerza su facultad de atracción dada la trascendencia constitucional y social del asunto.
«El caso ofrece a la SCJN la oportunidad de pronunciarse sobre temas fundamentales para las víctimas de todo el país, entre ellos el derecho a la reparación integral del daño, la protección efectiva de los derechos de las víctimas, los criterios para cuantificar el daño moral y el lucro cesante, el acceso efectivo a la justicia, la relación entre el derecho constitucional a la movilidad, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y los derechos de las víctimas reconocidos en ella y en la Ley General de Víctimas»
El Caso de Gabi Soto
El 18 de diciembre de 2020 le arrebataron la vida a Gabriela Soto García en un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta en Oaxaca. Ese mismo día fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se incorporó al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Desde entonces, su familia ha recorrido todas las etapas institucionales previstas para acceder a la justicia: denuncias, investigaciones, peritajes, audiencias, recursos y años de litigio. Un camino largo y complejo que refleja la experiencia de miles de familias mexicanas que, tras perder a un ser querido en hechos de tránsito, deben enfrentar procesos judiciales prolongados y desgastantes.
Para la familia, este asunto trasciende al caso de Gabi. Señalan que la resolución que eventualmente pudiera emitir la SCJN podría orientar la actuación de jueces y tribunales en todo el país, fortaleciendo la certeza jurídica y el acceso efectivo a la justicia para miles de personas que enfrentan situaciones similares.
Desde la muerte de Gabriela, el colectivo Gabi Bici Blanca ha impulsado iniciativas ciudadanas, participando en la construcción de políticas públicas, promoviendo infraestructura vial segura y acompañando a otras víctimas en sus procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
El colectivo considera que ninguna política pública de movilidad estará completa mientras las víctimas continúen enfrentando barreras para acceder a una justicia pronta, completa e integral. Por ello, solicitamos a la SCJN analizar la trascendencia constitucional y social del caso de Gabriela Soto García y ejercer su facultad de atracción.
