La posible instalación de una sucursal de Bodega Aurrera en Tamazulapam del Progreso, en la región Mixteca, ha generado un debate entre autoridades, comuneros. comuneras, quienes ante la falta de claridad en los procesos y autorizaciones, manifestaron su rechazo a la instalación de Bodega Aurrerá en esa localidad.
El 7 de junio, durante una asamblea extraordinaria convocada por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Leoncio Serra Santiago, las personas participantes señalaron la falta de transparencia.
“No hay nada de información, nos preocupa que quieran instalarse sin mostrar los permisos, los estudios de impacto ambiental y lo más preocupante es el tema del agua y la generación de basura”, manifestaron.
Coinciden en la necesidad de que cualquier decisión se tome de manera informada, transparente y considerando los intereses colectivos del municipio.
“Antes de autorizar cualquier proyecto de gran escala es necesario conocer los estudios técnicos correspondientes, la manifestación de impacto ambiental y las medidas que garanticen el abastecimiento del agua para la población”, dijo el presidente de Bienes Comunales Leoncio Serra Santiago.
Dentro de los temas más urgentes, señaló el uso de agua, la generación de residuos, el impacto ambiental y los beneficios concretos que la empresa ofrecería a la comunidad.
Las comuneras y comuneros señalaron que Tamazulápam enfrenta actualmente importantes retos en materia de infraestructura pública, además, dicen existen problemas en el servicio de agua potable, y necesidades urgentes en áreas como salud y educación.
Por otra parte, dejaron claro que la generación de basura podría ocasionar un problema de salud ya que la plata de tratamiento está inservible.
Dentro de las inquietudes vertidas en esta asamblea está el tipo de alimentos y productos que comercializa esta cadena de tiendas; los comuneros señalan que podría cambiar los hábitos alimenticios de la población y generar nuevos problemas de salud.
Ante este panorama, los asistentes manifestaron que no se oponen de manera automática a la inversión privada ni a la generación de empleos, pero consideran indispensable conocer el plan integral de operación de la empresa, así como los posibles efectos que tendría sobre los recursos naturales y la economía local.
En tanto, comerciantes y productores locales expresaron la posibilidad de una competencia desleal frente a una cadena de alcance nacional e internacional.
Expusieron que hay análisis económicos en lo que se ha documentado que las grandes cadenas comerciales operan mediante economías de escala, amplias redes de distribución y fuertes capacidades de negociación con proveedores, estos factores. dicen, les permiten ofrecer precios competitivos que pueden transformar la economía en perjuicio de la localidad.
Por ello, algunos comuneros propusieron que, en caso de concretarse la instalación de la tienda, se establezcan acuerdos formales que generen beneficios directos para la población.
Entre las propuestas planteadas destacan inversiones en infraestructura hidráulica, fortalecimiento de la planta de tratamiento, mejoras al relleno sanitario, apoyo a la ampliación y equipamiento de la clínica pública, respaldo a la construcción de espacios educativos para la Unidad Académica del Tecnológico y mecanismos que faciliten la incorporación de productores regionales a las cadenas de comercialización.
Sin embargo, los asistentes coincidieron en que cualquier determinación debe surgir de un proceso de diálogo abierto, transparente y con información suficiente para toda la ciudadanía, privilegiando el derecho de la comunidad a conocer los alcances, beneficios y posibles impactos del proyecto.
El Comisariado de Bienes Comunales informó que continuará solicitando información técnica y jurídica relacionada con la iniciativa, y que buscará que cualquier resolución se apegue a los principios de participación comunitaria, consulta informada y defensa de los intereses colectivos de Tamazulápam del Progreso.
El debate continúa abierto, ya que también existe entre la población quienes consideran que la llegada de nuevas inversiones puede representar oportunidades de desarrollo económico y quienes sostienen que primero deben garantizarse condiciones claras de protección ambiental, fortalecimiento de la infraestructura pública y beneficios reales para la población.
