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Después de siete años del asesinato de María del Sol, fotógrafa que fue obligada a cubrir acciones proselitistas en Juchitán de Zaragoza en 2018, la Defensoría de Oaxaca admitió la negligencia del Estado en la investigación de este crimen, reconoció violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica; al acceso y procuración de justicia con perspectiva de género y a los derechos de las víctimas.
En respuesta a una queja presentada en septiembre de 2019, es decir seis años después, la Defensoría emitió recomendaciones a las instituciones involucradas, entre ellas a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a quien solicita que, en un plazo no mayor a tres meses, a partir de la aceptación de la recomendación, “personal de alto nivel de la Fiscalía» ofrezca una disculpa institucional en la que se reconozcan los hechos y acepte la responsabilidad de estos, «con el fin de restablecer la dignidad y los derechos de las víctimas».
Además, en un plazo de 15 días contados a partir de la aceptación de la recomendación, deberá colaborar con las autoridades investigadoras, en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que este Organismo Autónomo interponga en la Visitaduría General en contra de las personas servidoras públicas responsables, tanto de la Fiscalía General como de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
De acuerdo a la recomendación, la Fiscalía deberá diseñar e impartir cursos de capacitación sobre derechos humanos de las víctimas de violencia de género y en específico de feminicidio; normatividad internacional, nacional y estatal de las víctimas y; perspectiva de género en la investigación de la violencia contra las mujeres mediante la aplicación del Protocolo Ministerial de Feminicidio, con el fin de prevenir que se repitan estos hechos.
Omite señalar responsabilidad de funcionarios
No obstante, la Defensoría omite recomendar que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados en los hechos, entre ellos, el extitular de la secretaría de Asuntos Indígenas Francisco Javier Montero López, quien comisionó a María del Sol Jarquín a realizar actividades fuera de las que correspondían a su cargo.
Tampoco observa omisiones de los fiscales que han conocido el caso, Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peimbert Calvo y Bernardo Rodríguez Alamilla.
Reparación integral
A la secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y al fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, solicita que en un plazo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la recomendación, se realice la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y “procedan a la inmediata reparación integral del daño que se les causó, que incluya la compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca”.
A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Oaxaca, pidió coadyuvar con las autoridades para proceder a la reparación integral de las víctimas, con la finalidad de que, quien tenga el derecho, pueda acceder a los recursos de ayuda, asistencia y reparación Integral.
Además, solicitó para las víctimas la atención psicológica y tanatológica de forma continua hasta que alcance su sanación, gratuitamente, de forma inmediata y de manera accesible para la víctima.
El organismo autónomo indica que las recomendaciones buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos derivados de las violaciones a derechos humanos y como resultado de la falta de respuesta estatal en la investigación de los hechos cometidos en contra de María del Sol.
En un plazo de dos meses, la secretaría de Interculturalidad también deberá publicar la recomendación en su página de internet de manera visible y de acceso rápido por un periodo de un año y emitir una circular a los titulares de las distintas áreas, en la que se instruya no comisionar a personal bajo su cargo en actividades distintas a las de dicha dependencia, la cual deberá ser difundida a través de la página de intranet.
De acuerdo con la recomendación, en un plazo de dos meses, la secretaría de Interculturalidad también deberá publicar esta recomendación en su página de internet de manera visible y de acceso rápido por un periodo de un año y emitir una circular a los titulares de las distintas áreas, en la que se instruya no comisionar a personal bajo su cargo en actividades distintas a las de dicha dependencia, la cual deberá ser difundida a través de la página de intranet.
Caso de María del Sol, en revisión de la CEDAW
María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada la madrugada del 02 de junio del 2018, en la ciudad de Juchitán, un municipio considerado desde esa fecha con altos índices de violencia. De acuerdo con los testimonios de su madre, fue obligada a participar en la campaña política de Hageo Montero López, hermano del ex funcionario de la Secretaría de Interculturalidad, quien buscaba ocupar el cargo de la Presidencia Municipal por Juchitán.
Ese día, la joven fotógrafa caminaba junto con la candidata a concejal por el PRI ,Pamela Itzamaray Terán Pineda y de su chofer, Adelfo Jiménez Guerra cuando fue impactada por 13 balas que le quitaron la vida.
Durante seis años, su madre Soledad Jarquín exigió justicia a las autoridades del Estado mexicano sin obtener respuesta, todos los presuntos responsables están en libertad. Debido a la impunidad Jarquín llevó el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), donde el caso está actualmente en revisión.
