Observatorio del agua exige a Semarnat negar permiso ambiental para la presa Margarita Maza

Casi desde su fundación, en mayo de 2024, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua (OCCAMA) consideró inviable que el gobierno estatal retomara el proyecto de la Presa Paso Ancho, que fue renombrado como «Margarita Maza» y hace unos meses «Mujer Solteca», con el cual se pretende abastecer de agua a la zona metropolitana de Oaxaca.
A pesar de las observaciones hechas por especialistas de este observatorio, el gobierno continúo el proceso y en noviembre pasado sometió la obra a licitación, se declaro desierta; sin embargo los integrantes del Observatorio analizaron la Manifestación de Impacto Ambiental presentada y concluyeron que el documento es deficiente ya que contiene «graves inconsistencias técnicas», por lo que exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no autorizarlo.
“La cantidad de observaciones es monumental. Más de 50 observaciones, errores, contradicciones, omisiones o falta de congruencia científica y técnica”
Juan José Consejo Dueñas, biólogo, maestro en ciencias e integrante del OCCAMA
Solo por mencionar un ejemplo, Consejo Dueñas dijo que hay omisiones a la NOM 059 que se refiere a las especies de flora y fauna silvestres en riesgo, amenazadas o de protección especial.
Explicó también que la Norma Mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012 establece el procedimiento para determinar el caudal ecológico en cuencas hidrológicas, o sea básicamente dice que tanta agua debería de respetarse en un río para que siga vivo. Por lo que de acuerdo al plan de ordenamiento en Oaxaca, se le exigió a la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, institución que promueve la obra, entregar elementos para cumplir con este lineamiento.
Pero lo que entregaron, según el OCCAMA, fue un documento en el que se sobreestima la cantidad de agua disponible en el río Sola de donde se pretende extraer agua. «Los datos proporcionados están desactualizados», dice el especialista.
Juan José Consejo explicó que deficiencias como estas abundan y eso impide evaluar adecuadamente los riesgos y daños potenciales de esta obra.
En resumen, los integrantes de este observatorio, manifestaron que el estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos legales, ni con los principios de la planeación sustentable.
Tampoco cumple con los diversos estándares internacionales de derechos humanos, como son: la obligación de prevenir y proteger los derechos humanos ambientales, el acceso a la información oportuna, y a la consulta previa libre e informada.
Por el contrario, señalan que “se violentó la ley” pues para un proyecto de este tipo primero se debe presentar el estudio de impacto ambiental, luego poner la información disponible a las comunidades que podrían ser afectadas y posteriormente hacer una consulta.
Pero lo que las autoridades hicieron fue una consulta fast track : tres asambleas en dos días, 6 y 7 de septiembre, sin que estuviera listo el estudio de impacto ambiental, el cual fue publicado apenas el 2 de febrero de 2026.
Marcos Leyva director de la organización Educa advirtió que tampoco se está considerando el conflicto agrario entre San Vicente Coatlán y Villa Sola de Vega ni a las comunidades río abajo que serán afectadas por la retención del agua, así como los impactos ambientales y sociales de esta obra.
Mencionó que las comunidades que integran el Consejo del Pueblo en Defensa del Río Verde está en alerta debido a este proceso.
Por estas razones, el 2 de marzo pasado el OCCAMA presentó ante la Semarnat su petición de no aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental. Y haciendo uso del derecho a la información y a la participación pública en asuntos ambientales, establecido en el acuerdo de Escazú firmado por México, solicita se organice una reunión pública informativa.

